La Misión de Paz de la OEA hace un nuevo llamado por el respeto a la integridad y pronto regreso del líder comunitario, quien desapareció el pasado 26 de enero en zona rural del corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, en Norte de Santander.

A sus 47 años, Henry Pérez es uno de los líderes más reconocido del Catatumbo. Ha sido uno de los principales impulsores del proceso de reparación colectiva de La Gabarra, fue presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento, ha liderado proyectos productivos para fomentar alternativas a la siembra de cultivos de uso ilícito en la zona, y fue certificado por el Ministerio de Justicia como conciliador en equidad para facilitar la resolución de conflictos.

Como referente de la comunidad, debido a su liderazgo y compromiso, Pérez ha sido muy cercano a la MAPP-OEA en el impulso de acciones para la construcción de paz desde la región del Catatumbo, una zona fuertemente golpeada por el conflicto armado y la ilegalidad.

Desde el día de su desaparición en la vereda Trocha Ganadera, el equipo de la OEA ha apoyado los distintos esfuerzos de búsqueda organizados por familiares, amigos y líderes sociales, con el apoyo de las autoridades locales, Iglesia e instituciones. También ha acompañado las movilizaciones realizadas por la comunidad de La Gabarra para exigir respuestas sobre su paradero.

A su vez, la MAPP-OEA ha expresado a la opinión pública y a las distintas instancias del Gobierno Nacional su preocupación por la desaparición del líder comunal, y ha hecho un llamado a las autoridades para que adelanten acciones contundentes que permitan encontrarlo a la mayor brevedad.

Al cumplirse dos meses de la desaparición de Henry Pérez, la Misión continúa cercana a la comunidad de Tibú, reitera su llamado a las autoridades para esclarecer los hechos, y pide por el pronto regreso y respeto a la integridad del líder comunal.

Asimismo, rechaza una vez más las recientes amenazas, desapariciones y asesinatos de las que han sido víctima los líderes sociales, indígenas y campesinos en Colombia, pues considera que este tipo de acciones también atentan contra el tejido social, la tranquilidad y los esfuerzos de construcción de paz liderados por las comunidades y los movimientos sociales.