Representantes de diferentes ONG ambientales y sociales provenientes de China, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se darán cita en un foro público el próximo miércoles 30 de marzo, para debatir sobre las Inversiones chinas en América latina y los posibles caminos para la incidencia.

Este encuentro busca ampliar el conocimiento sobre las implicaciones de dichas inversiones y los estándares sociales y ambientales que las rigen, ilustrando el Caso del Canal de Nicaragua, un proyecto paradigmático que tiene financiamiento chino, y que ha que ha tenido mayor repercusión en la región por sus implicaciones sociales, y ambientales.

Para China la inversión en Latinoamérica se trata de un recurso a largo plazo, pues los países que lo componen están llenos de riquezas, que los hace atractivos para el financiamiento, en Colombia por ejemplo ya se ha visto el interés de la potencia China de invertir en el país que ya cuenta con importantes inversiones en el sector petrolero y que ahora busca expandirse a otros sectores como infraestructura.

Según la más reciente publicación de Ambiente y Sociedad Inversiones Chinas en Colombia: revisión de los convenios de cooperación entre Colombia y China Tradicionalmente, en Colombia la inversión extranjera se ha concentrado en las industrias de extracción de recursos naturales, siendo el caso del petróleo el más destacado.

A partir de 1991 la nueva política económica del país, que propugnó por la apertura y la internacionalización, estableció marcos regulatorios más flexibles y atractivos para los inversionistas extranjeros, quienes poco a poco aumentaron su participación en la economía nacional (Garay, 1998).

Durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, donde se introdujo el concepto de la “Locomotora Minero-Energética” como motor económico, se hizo una destacada promoción del país como destino ideal para la inversión extranjera, con características favorables para los inversionistas.

Estas condiciones hicieron que en el 2014 la inversión extranjera directa en Colombia haya alcanzado la cifra de U$D 16.054 millones, de los cuales el 40% se concentró en la industria minera y petrolera, mientras el 60% restante fue distribuida en otros sectores de la economía (Procolombia, 2014).

En este panorama, la creciente relación económica de Colombia con China plantea muchas inquietudes para la sociedad civil: qué parámetros sigue, qué elementos normativos la regulan, cuáles son los intereses del Gigante Asiático en Colombia, cómo podemos acceder a esta información y cómo estas inversiones se traducen en proyectos concretos que pueden satisfacer nuestras necesidades de desarrollo, las cuales pueden tener impactos socioambientales negativos.