La inoperancia y abandono de la planta de potabilización y red matriz del acueducto del municipio de Arauca, capital del departamento del mismo nombre, llevó a la Contraloría General de la República a determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al Estado en cuantía de $10.824 millones de pesos.

El hallazgo con presunta incidencia fiscal surgió al verificar una denuncia presentada a la Gerencia Departamental del organismo de control.

La CGR visitó las obras adelantadas para la construcción y puesta en marcha de la planta de potabilización de agua del municipio de Arauca y evidenció que si bien las mismas se ejecutaron, han pasado 9 años de cuantiosas inversiones en este proyecto y no se han puesto en marcha ni concluido en su totalidad.

Además, se encuentran deterioradas por el transcurrir del tiempo y la maleza que invadió la infraestructura. Y, por si fuera poco, por falta de seguridad y vigilancia, se han presentado casos de hurto y vandalismo.

Para la CGR, es evidente que las obras públicas contratadas por la Gobernación del Arauca y el municipio de Arauca no han empezado a operar, y no se presentan evidencias de apropiación de recursos para su culminación.

No se cumplió con el objeto social del proyecto

La Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Arauca informaron a la Contraloría que los diferentes proyectos han sido ejecutados y los recursos invertidos en su totalidad y que, adicionalmente, en la actualidad se gestionan recursos para la puesta en marcha del proyecto.

Sin embargo, para la CGR el presunto daño patrimonial se da no por la falta de ejecución, sino por el abandono y la falta de mantenimiento y vigilancia en que se encuentra la infraestructura y los equipos instalados en la planta de potabilización.

Esto indica que no se está cumpliendo con el objeto social y los fines esenciales del estado para el cual se invirtieron dichos recursos.

Siguiendo los procedimientos de ley, este hallazgo con incidencia fiscal fue puesto en conocimiento del área de investigaciones y juicios fiscales, para lo de su competencia, en la apertura y trámite del respectivo Proceso de Responsabilidad Fiscal.

*La Contraloría General de la República estimó el daño al patrimonio público en $10.824 millones haciendo la sumatoria de los contratos y convenios en los cuales no ha operado la figura de la caducidad, según lo establecido en el Artículo 9 de la la Ley 610 del año 2000.