–«La Ley se hizo para combatir al delincuente, no al campesino que ha trabajado la tierra», afirmó el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, al denunciar la estigmatización de que están siendo víctimas los reclamantes de propiedades usurpadas por los grupos armados ilegales.

«Nos corresponde decir al Gobierno cuáles son las deficiencias tras cinco años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución (…) No se puede confundir a los opositores de buena fe con los victimarios”, precisó el jefe del órgano de control ante los asistentes.

Ordóñez Maldonado hizo los pronunciamientos en una mesa de trabajo que se desarrolló en Sabanas de San Ángel (Magdalena) por petición de grupos ciudadanos y en la que participaron representantes del Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Federación Colombiana de Ganaderos, la Gobernación de Magdalena, la Alcaldía local y jueces especializados en Restitución de Tierras de Santa Marta.

El procurador afirmó que es urgente modificar la Ley de Víctimas y Restitución, pues advirtió que esta «se hizo para despojar a los despojadores, no a los campesinos que han trabajado la tierra, se trata de proteger los derechos de la víctima, los derechos del despojado. La Ley se hizo para combatir al delincuente, no al ciudadano».

Los pronunciamientos los hizo Ordoñez tras la intervención de más de 15 habitantes y representantes de comunidades indígenas y ganaderas, quienes denunciaron que están amenazados con perder las propiedades que adquirieron legalmente y en las cuales han invertido trabajo y recursos económicos.

“El diseño de la Ley desconoció unas realidades. Pretendió algo sano que es quitarle la tierra a los despojadores, a los delincuentes, pero con mucha frecuencia no se encuentran a los despojadores sino a terceros, ocupantes, opositores de buena fe y se termina haciendo una injusticia. Quedan dos víctimas enfrentadas: a quien se le despojó y a un tercero”, explicó.

«Nos corresponde decir al Gobierno cuáles son las deficiencias tras cinco años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución”, agregó el jefe del Ministerio Público tras explicar a los asistentes las funciones constitucionales de la Procuraduría y su deber de promover y garantizar los derechos de los colombianos.

El procurador solicitó la efectiva acción del Gobierno Nacional frente a las problemáticas planteadas e insistió en no estigmatizar a quienes han planteado sus quejas, denuncias y reclamaciones.

«No se puede confundir a los opositores de buena fe con los victimarios, no se pueden crear nuevas fuentes de violencia. La paz es fruto de la justicia, si no es así se abren nuevos caminos de violencia», puntualizó.

Además de la ciudadanía y la Procuraduría General de la Nación, de esta mesa de trabajo hicieron parte el viceministro para el Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados; el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie; el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal; el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez; y representantes del Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Magdalena y la Alcaldía de Sabanas de San Ángel.