Los diferentes partidos políticos se mostraron preocupados por las denuncias de la Fundación Paz y Reconciliación que reveló que alrededor de 40 congresistas, 14 gobernadores y 60 alcaldes tendrían vínculos con organizaciones ilegales como las bandas criminales.

De acuerdo con la senadora Viviane Morales, este no es un tema nuevo, en los últimos años ha habido una evolución sustancial que ha permitido estos nexos clandestinos con la ilegalidad.

“No se entiende como las campañas políticas permitieron que estos grupos ilegales hubiesen permeado sus finanzas”, señaló Morales.

La senadora afirmó que espera se hagan las denuncias correspondientes porque las reformas no sirvieron para evitar que esos grupos tuvieran influencia en los dirigentes políticos.

Mientras tanto, el director de Cambio Radical, Rodrigo Lara, negó que alguno de los integrantes de ese partido en el Congreso tenga relaciones con grupos ilegales.

“Yo pienso que no, sería absolutamente lamentable, yo no creo y espero que eso no ocurra. Yo no puedo meter las manos al fuego en esa materia porque la vinculación con esos grupos armados es clandestina, no la hacen pública y nadie tiene dimensión sobre este asunto”, manifestó.

Rodrigo Lara propuso la necesidad de combatir la infiltración de estas mafias de la política con reformas al sistema electoral, acabando el voto preferente y dándole paso a las listas cerradas de los partidos para las elecciones.

Por otro lado, desde el Centro Democrático responsabilizaron al Gobierno de estos presuntos vínculos con organizaciones ilegales.

“El Gobierno dice que el país se está pacificando poco a poco, pero vemos los hechos del ELN y vemos estos temas de las Bacrim y fuera de eso este tema no lo entendemos como ocurre, debe ser el Gobierno el que le explique al país”, el senador Ernesto Macías.