–Dos años después de la formulación de cargos, la Superintendencia de Industria y Comercio se apresta a imponer multas hasta por 68 mil millones de pesos a los responsables de las fabricantes de papel higiénico por haber incurrido en la llamada «cartelización», esto en desarrollo de un acuerdo que hicieron para fijar los precios del producto.

Las empresas implicadas podrían acarrear una multa que alcanza los 68.945 millones de pesos (100 mil salarios mínimos vigentes). Los ejecutivos se expondrían a pagarían hasta 1.379 millones de pesos (2.000 mínimos), según lo recomendó el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, que tuvo a su cargo la investigación.

El 24 de noviembre de 2014, la Superintendencia formuló pliego de cargos contra las siguientes empresas: Productos Familia, S.A., Colombiana Kimberlu Colpapel S.A., Papeles Nacionales S.A., Cartones y Papeles de Risaralda – C. y P. R. S.A. y Drypers Andina S.A., por presuntas infracciones al régimen de libre competencia derivadas de su participación en acuerdos anticompetitivos (cartel empresarial) con el fin de fijar artificialmente los precios de los papeles suaves o tisú en Colombia, segmento integrado por papel higiénico; servilletas; toallas de cocina; y pañuelos para manos y cara.

Según el organismo de control, la fijación de los precios del papel higiénico y demás papeles suaves en Colombia se habría efectuado de dos maneras: 1. mediante la fijación directa de precios por imposición de márgenes mínimos y máximos de venta; y 2. mediante la fijación indirecta de precios por la concertación de porcentajes de descuentos dirigidos a los distintos canales de comercialización.

Adicionalmente, la Superindustria formuló Pliego de Cargos contra 42 personas naturales en su condición de altos directivos de las empresas (funcionarios o ex funcionarios), quienes al parecer colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron los actos relacionados con la presunta cartelización empresarial.

El el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, entregó en las últimas horas el informe motivado, de 277 páginas, con el que concluye la investigación abierta por el ente de control desde el 24 de noviembre de 2012 contra las empresas que suman un 88 % del mercado de papeles suaves (higiénico, servilletas, pañuelos y otros) que mueven alrededor de 1,2 billones de pesos anuales.

El superintendente delegado concluye que “Kimberly y Familia fueron participantes principales y permanentes del acuerdo, en tanto que estuvieron desde su origen y al menos hasta finales de 2013”.

Agrega que Familia, a pesar de colaborar para recibir beneficios, ocultó información y mintió, como parte de “una estrategia encaminada a limitar la responsabilidad” la compañía antioqueña y a “ocultar la de Darío Rey Mora, su gerente general”.

En el marco del Programa de Beneficios por Colaboración, tres empresas suscribieron acuerdos con la Superindustria para recibir beneficios por haber delatado la existencia y funcionamiento del presunto cartel y haber aportado las correspondientes pruebas. El primer delator, recibiría como beneficio la exoneración del 100% de la eventual sanción que habría de imponérsele en caso de que se declarara la existencia del cartel empresarial; el segundo delator recibiría el 50% de reducción de la sanción; y el tercer delator recibiría el 30% de reducción de la sanción.

Dentro de la negociación con las empresas delatoras, se acordó mantener en reserva su identidad hasta el Informe Motivado, sin perjuicio de que dicha información sea de libre acceso para las demás empresas no delatoras a las que se les formula Pliego de Cargos, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa.

Dentro de las pruebas recaudadas en las visitas administrativas y las aportadas por las empresas que se acogieron al Programa de Beneficios por Colaboración, se encuentran más de 200 correos electrónicos, más de 30 declaraciones y pruebas sobre más de 20 reuniones llevadas a cabo en el extranjero y en el territorio colombiano en las que se habrían acordado las condiciones de implementación y funcionamiento del presunto cartel. Las mencionadas reuniones se habrían llevado a cabo en Colombia y Venezuela, particularmente en hoteles, bares y restaurantes, así como en algunas de las oficinas de estas empresas.

La Superindustria advirtió que los carteles empresariales constituyen, según la doctrina internacional, la conducta anticompetitiva más reprochable en materia de libre competencia, por cuanto aumentan injustificadamente los precios que los consumidores pagan por la adquisición de los distintos productos o servicios, e impactan en materia grave el funcionamiento eficiente de los mercados, afectando en mayor grado a la población más vulnerable y de menores ingresos, y mucho más en un sector sensible y de consumo masivo como en efecto lo es el mercado de los papeles suaves o tisú en Colombia integrado por (i) papel higiénico; (ii) servilletas; (iii) toallas de cocina; y (iv) pañuelos para cara y manos.

Además recuerda que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha señalado que «los … carteles son las más escandalosas violaciones de las normas de competencia y … perjudican a los consumidores en muchos países a través del incremento en los precios y de la restricción de la oferta, haciendo los bienes y servicios completamente inaccesibles para algunos compradores e innecesariamente costosos para otros”.