A pesar de las reformas de carácter normativo implementadas en años recientes, persisten problemas estructurales en términos de ejecución de los proyectos de vivienda rural, para garantizar el goce efectivo a una vivienda digna a los habitantes del campo colombiano, concluyó un estudio de la Contraloría General de la República, publicado en el Boletín Macro Fiscal No. 14

Aún más, las metas físicas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el tema de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), son insuficientes ante la magnitud de las necesidades, alertó el organismo de control.

A esto se añade el recorte de recursos que se prevé para el Programa de Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural en el Presupuesto General de la Nación, que pasó de $582.444 millones asignados para el año 2015 a $215.427 millones para 2016, es decir, una reducción del 63%.
Las soluciones han sido de corto plazo

La principal conclusión del estudio de la Contraloría es que, pese a los cambios normativos recientes, el Estado colombiano ha estado lejos de tener una política consistente y eficaz para remediar las carencias de la vivienda en el campo y que contribuya a cerrar la brecha que existe entre el déficit habitacional rural (68%) y el urbano (27%).

De manera adicional, se están fijando metas y asignando recursos sobre una base desactualizada del déficit habitacional rural, pues pese a que el reciente Censo Agropecuario se ocupó del tema de vivienda, aún se generan políticas con el déficit habitacional calculado en el año 2005.

Para la CGR, la política en materia de VISR ha sido una política de corto plazo, sin que se observe un efecto significativo sobre el problema estructural del déficit habitacional rural. A manera de ejemplo, la emergencia económica, social y ecológica a causa de la ola invernal del 2010 permitió ejecutar recursos de forma eficiente y rápida, pero no hay certeza de que dichas necesidades hubiesen ayudado a reducir el déficit calculado para el año 2005 o si con ocasión de la emergencia surgieron nuevas necesidades que requieran atención del Estado.

La política de vivienda para la población rural requiere nuevas alternativas para minimizar el impacto que tiene el trasiego de materiales de construcción en zonas rurales dispersas y que las viviendas sean adaptables a las actividades productivas de los habitantes del campo, aspectos que no fueron atendidos en los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo.
No han funcionado los subsidios de Cajas deCompensación ni crédito de Finagro

El documento, realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, analiza el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales aprobadas en los planes nacionales de desarrollo durante el periodo 2005-2014 para este tipo de vivienda.

Se evaluó también si los recursos que administran las Cajas de Compensación, así como los dispuestos por la política crediticia para VISR, complementaron dichas ejecutorias.

En este sentido, la Contraloría considera que han faltado lineamientos por parte del Gobierno Nacional para la distribución de los recursos del subsidio de vivienda rural que otorgan las Cajas de Compensación Familiar, ya que durante las vigencias 2010 a 2014 no se utilizaron los recursos del subsidio de VISR a cargo de las Cajas de Compensación Familiar, permaneciendo inactivos $6.500 millones de pesos.

A su vez, la línea de crédito de Finagro, a pesar de haber contado durante el periodo 2010-2014 con $6,8 billones para VISR, no tuvo demanda por las restricciones que ofrecen las condiciones exigidas para acceder a ésta y la no vinculación de la población rural a trabajos formales y permanentes, lo que redunda en bajos e inestables niveles de ingresos para responder por este tipo de obligaciones.

Otro problema que se ha identificado es la asignación de recursos para el subsidio de VISR por debajo del tope mínimo legal.