La Defensoría del Pueblo elaboró un diagnóstico sobre esta situación y puso a disposición de los habitantes en las áreas rurales del país la nueva Cartilla de Derechos para esas comunidades.

En el marco de su función constitucional respecto a la promoción y divulgación de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo puso a disposición de los campesinos de Colombia una nueva cartilla especializada en derechos para este sector de la población, con el fin de impulsar los mecanismos de exigibilidad que desde el acceso a la justicia y a las políticas públicas garanticen la igualdad de oportunidades y el desarrollo de estas comunidades.

Se trata de un documento amplio basado en el enfoque diferencial, en la inclusión y en las perspectivas de género que amerita el abordaje de estos temas y que se convierten en una herramienta para la participación efectiva de los ciudadanos.

A propósito de la realidad en los sectores rurales de Colombia, la Defensoría identificó las principales variables de amenaza y discriminación para los campesinos, entre las que se cuentan la expropiación de las tierras, los desalojos y el desplazamiento forzado provocado por los grupos armados ilegales.

En este sentido, y en medio de la polémica que se ha suscitado alrededor de la Ley de Tierras y los reclamantes, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de que tanto la normatividad como su aplicación garanticen de cualquier manera el acceso de todas las víctimas del conflicto que hayan sufrido el despojo de sus propiedades, y aseguren la reparación que de quienes han padecido el rigor de la guerra, evitando eso sí que personas inescrupulosas aprovechen este escenario para apoderarse de lo que no les pertenece.

El organismo de control reiteró su compromiso con el acompañamiento a las víctimas de todos los sectores en el marco de la confrontación, así como de los llamados segundos ocupantes, cuya defensa no fue contemplada por la Ley 1448 y tuvo que ser asumida por el Sistema de Defensoría Pública a partir de una solicitud de la Unidad de Restitución, siendo más de 1.000 los casos actualmente en proceso.

Considera el organismo humanitario que dado el impacto del conflicto en el campo y las necesidades que allí se vislumbran, la asistencia e intervención del Estado en las áreas rurales será fundamental para lograr el presupuesto de una paz estable y duradera.

En materia social, basta ver las cifras del Tercer Censo Nacional Agropecuario, donde se observa un índice de analfabetismo superior al 23 por ciento en esta población (siendo del 73 por ciento la tasa de jóvenes entre 17 y 24 años sin educación), mientras el 94 por ciento de las viviendas carece de alcantarillado y apenas el 10 por ciento recibe asistencia técnica para sus proyectos productivos.

Así mismo, para la Defensoría resulta indispensable garantizar la seguridad de los líderes y reclamantes de tierras a lo largo y ancho del país. Tan sólo durante 2015 fueron evaluadas 422 solicitudes por amenazas, de las cuales 283 (incluyendo 50 líderes y 233 reclamantes) fueron catalogadas con nivel de riesgo extraordinario y 139 con riesgo ordinario.