En este momento hay en el país 137.948 estudiantes de derecho que sueñan con pararse en un estrado, defender a personas, aprenderse la ley o presentar pruebas y controvertir otras. El 28% de ellos estudian en programas con acreditación de alta calidad.

El 72% restante recibe su formación en programas de pregrado que cumplen con las condiciones de calidad exigidas para la obtención del Registro Calificado, de ahí la necesidad de que las condiciones que se exijan para este registro sean las esenciales para la adecuada formación profesional.

Frente a este panorama, el Ministerio de Justicia ha venido trabajando en la propuesta de una nueva reglamentación para elevar los estándares educativos de los programas de derecho sin acreditación de alta calidad y así garantizar la formación de mejores profesionales.

La propuesta del Ministerio de Justicia está siendo considerada por el Ministerio de Educación, pues es esta última entidad la que tiene la competencia para expedir esta reglamentación. A este proceso también se han involucrado un importante número de facultades de derecho. Gracias a sus aportes fue posible identificar las variables que inciden en el desempeño profesional de los abogados y emprender el camino hacia la formulación de condiciones específicas de calidad para la obtención y renovación del Registro Calificado de los programas de Derecho. Dentro de un pleno respeto a la autonomía universitaria, se está trabajando para acercar las condiciones de calidad exigidas por el Registro Calificado a aquellas requeridas para la acreditación de alta calidad.

El año pasado el Ministerio de Justicia, con el acompañamiento del Ministerio de Educación, realizó cuatro foros regionales en Montería, Yopal, Cúcuta y Popayán, y uno de carácter nacional en Bogotá con el objeto de identificar propuestas, opiniones y aportes de universidades, estudiantes, expertos internacionales, litigantes y organizaciones de la sociedad civil para la construcción de una nueva reglamentación. En dichos foros se evidenció un apoyo mayoritario frente a la necesidad de expedir una nueva Resolución que garantice la calidad de estos programas y que respete la autonomía universitaria.

Esta iniciativa complementa esfuerzos recientes del Ministerio de Justicia para elevar la calidad de los abogados colombianos, tales como la reciente convocatoria a los directores de los diferentes consultorios jurídicos de la ciudad de Bogotá para discutir de qué manera esta práctica jurídica puede ajustarse de mejor manera a las necesidades de los estudiantes y de la comunidad, objetivos que se ven limitados por la actual regulación sobre la materia que data de los años 70. La necesidad del ajuste a los consultorios fue una de las necesidades planteadas de forma recurrente en los foros y coincide con un estudio sobre las prácticas judiciales en las facultades de derecho realizado por Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) en 2014.

“Consideramos necesario el mejoramiento de la formación de abogados porque el ejercicio de la profesión impacta directamente en la administración de justicia y en la materialización de los derechos de las personas”, asegura la Viceministra de Promoción de la Justicia, Ana María Ramos, quien añade que “el país necesita programas que cumplan con estándares de calidad más altos que les permitan cumplir de la mejor manera el papel que tienen los abogados en la sociedad”.

La propuesta elaborada por el Ministerio será socializada a partir de este mes con las facultades de derecho, abogados y organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué se busca?

1. Programas y abogados que cumplan con estándares de calidad mucho más altos.

2. Prácticas profesionales que evidencien el desarrollo de las competencias planteadas en el perfil profesional.

3. Enfoque de desarrollo por competencias (cognitivas, investigativas, comunicativas, de gestión del conflicto y éticas, así como capacidades para la conciliación, el trabajo interdisciplinario y el litigio).

4. Formación jurídica, humanística (competencias comunicativas, digitales y la tecnológicas) y de flexibilidad transversal (análisis lógico, analítico, principalístico y axiológico aplicado a la actividad profesional, así como métodos alternativos y jurídicos de solución conflictos que faciliten la interpretación constitucional y legal y la argumentación jurídica).

5. Programas que cuenten con una estructura curricular flexible, mediante la cual se organicen aprendizajes, estrategias de enseñanza y evaluación, y los contextos posibles de aprendizaje para el desarrollo de las competencias.

6. Infraestructura física que cubra las necesidades del programa de derecho, en particular el del consultorio jurídico.

7. Mejoramiento continuo de los programas de derecho.