Un enérgico rechazo expresó la Defensoría del Pueblo frente al homicidio, en casos aislados, de dos mujeres que fueron asesinadas de manera atroz en el departamento del Cauca.

En las últimas horas, campesinos de la zona rural de Timbío, sobre el sector La Marqueza junto a una alcantarilla de la vía Panamericana (a 3 kilómetros de la cabecera municipal), encontraron el cuerpo sin vida de una mujer con rasgos indígenas, la cual presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza, circunstancias similares a las que acompañaron la trágica muerte de la lideresa Maricela Tombé el 28 de febrero, quien se desempeñaba como presidenta de la Asociación Ambiental de Playa Rica, en El Tambo.

El pasado 17 de abril hacia las 2 de la tarde, comuneros del corregimiento Huasano del municipio de Caloto, descubrieron los restos de la ciudadana Rubiela Coicué de 37 años de edad y perteneciente al resguardo López Adentro, cuyo cadáver fue hallado decapitado a 200 metros de la vía principal que comunica a esa localidad con la vecina población de Corinto. Según los reportes preliminares, el cuerpo de la víctima presenta varios hematomas por golpes contundentes, los cuales se habrían producido antes del repudiable asesinato.

La Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades territoriales avanzar en las investigaciones para depurar responsabilidades, capturar a los autores materiales e intelectuales y adoptar las medidas preventivas a fin de evitar episodios semejantes.

El organismo humanitario, que insiste en la protección prioritaria para las mujeres como sujetos especiales de derechos y para las comunidades indígenas en su condición de poblaciones vulnerables, reitera su preocupación frente a este fenómeno de crímenes selectivos, pues más allá de lo acontecido en el Cauca, hay otras regiones del país donde se reportan hechos de la misma naturaleza, como sucedió la semana pasada en Briceño (Antioquia), donde fueron asesinados dos hombres y una mujer, ésta última identificada como Marleny Martínez Areiza, cuyo cadáver fue encontrado con signos de tortura e impactos de arma de fuego en un río del corregimiento Las Auras.

La realidad resulta aún más compleja con la denuncia del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, respecto al homicidio del representante legal del Consejo Comunitario Real de Tanandó, Jesús Adilio Mosquera Palacios, en hechos registrados el 14 de abril a las 7 de la mañana cuando se dirigía a su sitio de trabajo.

Cabe recordar que entre el 1 de enero y el 18 de marzo de este año, se había reportado el asesinato de 12 líderes y defensores de derechos humanos en Antioquia, Valle, Cauca, Córdoba, Nariño, Casanare, Cundinamarca, Arauca y Norte de Santander.

A propósito de estos últimos dos departamentos, la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas también había advertido la muerte violenta de 22 y 16 civiles respectivamente, en circunstancias que aún no han sido plenamente esclarecidas por las autoridades.