El Ministerio de Minas y Energía asistió al consejo de seguridad ampliado del municipio donde se le hizo seguimiento a la intervención de las autoridades locales mineras, ambientales, sociales, fiscales y de seguridad después del accidente minero ocurrido semanas atrás.

Todos las entidades cumplieron con sus compromisos. En las acciones de corto plazo implementadas por parte de la fuerza pública, la alcaldía y la Agencia Nacional de Minería (ANM) se logró realizar el cierre de 123 bocaminas ilegales en la zona y con la Secretaría de Gobierno de Santander de Quilichao se hizo un registro poblacional en el que se encontró que hay 381 mineros de distintos departamentos, principalmente de Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo y Caldas.

En la reunión celebrada el día de ayer en Santander de Quilichao la Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa manifestó «hay grandes avances y resultados concretos para frenar el flagelo de la minería ilegal después del incidente ocurrido y todo esto ha sido posible gracias al compromiso de las entidades, quienes desde sus competencias han actuado muy rápidamente y con la mejor voluntad».

El Gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, dijo que no se puede bajar la guardia pues es una situación compleja que amerita un monitoreo constante y un compromiso permanente por parte de todos. Las acciones que se implementen deben asegurar el seguimiento y el tratamiento a los temas ambientales y sociales adecuadamente.

«Necesitamos que la actividad minera se haga con responsabilidad y con los mejores estándares porque es la única manera de asegurar que no tendremos más tragedias, y estaremos en capacidad de dejarle a las generaciones futuras un entorno saludable y presto para desarrollar una actividad minera que contribuya al desarrollo sostenible» concluyó la Viceministra De Minas, María Isabel Ulloa.

Las soluciones a mediano plazo son mantener el control de la fuerza pública, consolidar la formalización minera de los pequeños mineros para regularizar y elevar los estándares de la actividad en términos ambientales, sociales, legales, empresariales y de seguridad minera, y en los casos en los que no se pueda continuar con la minería, brindar el apoyo para la reconversión productiva, de tal forma que las personas tengan una vida digna y con nuevas oportunidades de crecimiento económico.

Las entidades involucradas -La Gobernación de Cauca, la alcaldía de Santander de Quilichao, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), La Agencia Nacional de Minería (ANM), la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo de Técnico de Investigación (CTI), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Defensoría del Pueblo y el Instituto del Bienestar Familiar (ICBF), – se comprometieron a continuar con las soluciones de mediano plazo para consolidar su posición propositiva y fortalecer la actitud vigilante, y de esta manera evitar nuevos incidentes.