–Una insólita situación denunció la Defensoría del Pueblo: Presuntos guerrilleros de las Farc están cobrando “vacuna” para permitir el transporte de insumos y productos perecederos con destino a la alimentación escolar en instituciones educativas del departamento del Guaviare.

El organismo de control humanitario indicó que la denuncia fue formulada por el contratista encargado del aprovisionamiento a 5 internados ubicados en zona rural de Miraflores, la capital departamenal.

Por esta razón urgió al gobierno a adoptar medidas para garantizar el derecho a la educación y el acceso a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes adscritos a estos establecimientos educativos.

Al respecto, la senadora de Centro Democrático, Nohora Tovar Rey reseñó en su cuenta en Twitter: “Farc extorsiona a contratista que lleva los alimentos a instituciones educativas de Miraflores, Guaviare. #LaPazDeSantos”

La Defensoría señaló que según la denuncia de la empresa operadora presuntos guerrilleros de las Farc apostados sobre el río Urilla habrían impedido el paso de una embarcación que transportaba productos perecederos, los combustibles necesarios para asegurar la preparación de las comidas, los elementos de aseo asignados a los colegios y demás insumos con destino a los estudiantes, condicionando el tránsito de la misma al pago de una suma considerable por parte del contratista.

De acuerdo con el relato expuesto en comunicación oficial fechada el pasado 14 de abril y dirigida a la Gobernación del Departamento, los hechos ocurrieron dos días antes en un sitio conocido como El Zancudo, en la vereda La Unión del municipio de Calamar, donde hombres fuertemente armados que se identificaron como miembros de las Farc detuvieron la embarcación, lanzaron la advertencia y obligaron al retorno de la misma sin que los elementos requeridos pudieran llegar a su destino.

Los presuntos guerrilleros habrían manifestado que de no efectuarse el pago por ellos exigido, se impediría el acceso del operador a todas las instituciones educativas localizadas en su área de influencia.

Advierte el contratista en su comunicación que al ser retenidos por tanto tiempo, los víveres entraron en deterioro y además de no ser entregados tuvieron que ser desechados en detrimento del derecho fundamental que le asiste a los niños y niñas de internados como Iltilla La Reforma, Caño Tigre, Caño Giriza, Puerto Córdoba y Cristo Rey, todos en zona rural de Miraflores.

Aunque la empresa dispuso un plan de contingencia que permitiría el aprovisionamiento de víveres frescos durante cuatro días, la continuidad en el suministro de los alimentos está en riesgo, como también la integridad y bienes del operador.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo propuso adelantar un consejo de seguridad, el cual fue realizado este miércoles, para establecer si en efecto son las Farc el grupo armado que restringe el paso de los insumos y extorsiona al contratista, y para que en todo caso se den las garantías suficientes y permanentes a fin de proteger los derechos de la comunidad académica en el departamento del Guaviare.