La Defensoría del Pueblo y Acnur constataron que fueron más de 3 mil los desplazados por el reciente impacto del conflicto armado en esa región del Chocó. 466 personas atemorizadas por la presencia del ELN y los enfrentamientos entre grupos ilegales y Fuerza Pública, permanecen refugiadas en la cabecera de Docordó.
Una compleja situación humanitaria encontraron la Defensoría del Pueblo y delegados de Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), tras una visita conjunta entre el 18 y el 21 de abril a 16 comunidades afrodescendientes e indígenas asentadas en la zona rural del Litoral de San Juan, en el departamento del Chocó.
Como se recordará, la Defensoría había reportado el desplazamiento de 130 familias debido al impacto reciente del conflicto armado en esa región del país, donde confluyen actores ilegales como el ELN y el denominado Clan Úsuga (allí conocido como Autodefensas Gaitanistas), y donde la Fuerza Pública desplegó en días pasados una fuerte ofensiva para desmantelar los campamentos de la guerrilla en el territorio.
La comisión bilateral, que estuvo presente en sectores como Las Delicias, Munguidó, Pangalita, Barrios Unidos, Estrella, Santa María Pangala, Unión Waimia, Nuevo Haití, Las Brisas, Las Peñitas, Bella Victoria y Pichima Quebrada, constató que fueron 3.058 las personas desplazadas debido al temor generado por la confrontación, equivalentes a 725 familias de estas 12 comunidades.
Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y Acnur también evidenciaron el confinamiento de otros 1.133 habitantes, pertenecientes a 216 familias de 6 asentamientos identificados como Duracdurk, Chagpien Medio, Chagpien Tordo, La Loma, Pichima y Togoromá Quebrada.
Aunque la mayor parte de los pobladores inicialmente desplazados ha retornado sin acompañamiento ni asistencia del Estado, 466 de ellos permanecen refugiados en la cabecera municipal de Docordó.
Para este viernes está prevista la realización de un consejo de justicia transicional, encaminado a examinar las medidas de restitución de derechos solicitadas por la Defensoría del Pueblo, comenzando por las condiciones de retorno para este segmento de la población.
El ente del Ministerio Público también recomendó verificar el proceso de declaración y registro en las comunidades Las Brisas y Bella Victoria (ya que aún estaría en curso), suministrar alimentos con enfoque diferencial ante las restricciones de movilidad para actividades de caza y cultivo, disponer brigadas de salud para atender las afecciones físicas y emocionales por el conflicto, gestionar la entrega eficiente de combustibles para garantizar el fluido eléctrico en la zona, implementar medidas para la identificación de bienes civiles a la luz del Derecho Internacional Humanitario, así como mejorar las condiciones de acceso al agua y alojamiento en el refugio temporal de Docordó.
