Gracias al liderazgo y compromiso del Ministerio de Justicia y del Derecho con los programas de acceso a la justicia, se renueva y fortalece el Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana. Es así como este año entrarán en operación seis nuevos centros de este tipo y se ampliará la presencia de entidades del orden nacional en 42 de ellos con el fin de fortalecer la atención a la población víctima del conflicto, a las comunidades indígenas y a las denuncias ciudadanas.

Las nuevas Casas estarán en los municipios de Carmen del Darién (Chocó), Fortul (Arauca), Pradera (Valle del Cauca), Mocoa (Putumayo), Puerto Boyacá (Boyacá) y Medellín, y entrarán a complementar la oferta de servicios de justicia para poblaciones vulnerables de estratos 1, 2 y 3 que ya funciona en 105 Casas de 88 poblaciones. Y ya se iniciaron acercamientos con cuatro municipios más para que allí entren en operación igual número de ellas en 2017.

De acuerdo con el informe que acaba de presentar el Ministerio de Justicia en el marco del Comité Nacional de Casas de Justicia, dichos centros interinstitucionales que articulan entidades del orden nacional y local para la prestación de servicios de justicia con enfoque diferencial y territorial, han atendido 105.812 solicitudes en el primer trimestre del año. Los asuntos más consultados han sido los de familia, policivos, de víctimas, de denuncia por pérdida de documentos y penales.

Por lo anterior, cobran vital importancia los acuerdos interinstitucionales gracias a los cuales se fortalece la presencia en las Casas de Justicia de instituciones como la Unidad de Víctimas, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.

Según el Ministerio de Justicia, es un hecho que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) -que recientemente ingresó al Programa-, va a hacer presencia en las Casas de Justicia de Condoto y Tadó (Chocó), Anorí, Remedios, Segovia y Carmen del Viboral (Antioquia) y La Plata (Huila). Dicha entidad es la responsable de coordinar las medidas de asistencia, atención y reparación que otorga el Estado a la población víctima del conflicto armado.

Así mismo, y con el apoyo de la Policía Nacional, se avanza en las coordinaciones logísticas y operativas en los territorios para la puesta en marcha de puntos de recepción de denuncias y manejo de contravenciones en 13 municipios focalizados: Cáceres, Envigado, Nechí y Turbo (Antioquia), Riosucio y Supía (Caldas), Florencia (Caquetá), Istmina (Chocó), Santa Marta (Magdalena), Ipiales (Nariño), San Onofre (Sucre), Chaparral (Tolima) y Palmira (Valle del Cauca).

La Defensoría del Pueblo, de la mano con el Ministerio de Justicia, trabaja en el aumento progresivo de defensores públicos en aquellas Casas de Justicia en las que no tiene punto de atención. Actualmente esta entidad hace presencia en 54 de 105 centros. Para este año la Defensoría ha priorizado su trabajo en Barrancabermeja y San Gil (Santander), Ocaña (Norte de Santander), El Bagre (Antioquia) y en la Casa de Justicia La Paz de Barraquilla. Así mismo, la entidad anunció que llevará defensoría pública de jurisdicción indígena a las Casas de Uribia (La Guajira), San José de Guaviare (Guaviare), Caloto y Toribío (Cauca), Ipiales (Nariño) y Leticia (Amazonas).

El Ministerio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, espera poner a funcionar un piloto para la articulación del modelo de atención del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (Capiv) en la Casa de Justicia de Envigado (Antioquia). Este proyecto busca brindar atención integral y en un solo sitio a las víctimas de cualquier delito.