Ante este delicado panorama, la Defensoría del Pueblo informará los hallazgos de sus visitas a la Contraloría y a la Fiscalía para que se investigue el manejo de los recursos y la conducta de los funcionarios responsables del sistema.

La Entidad del Ministerio Público considera que la crisis humanitaria en los establecimientos de reclusión está tocando fondo, sin que se tomen medidas para solucionarla.

Tres acciones puntuales adelantará la Defensoría del Pueblo ante la gravedad de la crisis sanitaria en las cárceles del país, que a juicio del organismo humanitario está tocando fondo sin que las autoridades intervengan debidamente para solucionarla.

Por una parte, la Entidad presentará queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al gerente del Fondo Nacional de la Salud para la Población Privada de la Libertad; así mismo, informará a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación respecto a los hallazgos de las visitas humanitarias realizadas desde las distintas regionales de la Defensoría para que, por una parte se revise el manejo de los 85 mil millones de pesos asignados a este tema, y por otra se indague la actuación de los funcionarios responsables de administrar el sistema.

Como se recordará, la ley 1709 de 2014 que modificó el Código Penitenciario y Carcelario, delegó en el Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad la atención de los pacientes en calidad de reclusos, siendo regulada la operación mediante el decreto 2245 de 2015 expedido por el Ministerio de Justicia, el cual dispuso que los recursos del Fondo fueran manejados por una fiducia contratada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), tema que a la postre fue perfeccionado con la suscripción del contrato de fiducia mercantil No 363 de 2015, a cargo de un consorcio conformado por Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A.

Sin embargo, y a pesar de las partidas presupuestales aprobadas para la ejecución del contrato, el panorama es completamente desalentador y refleja a juicio de la Defensoría, la indolencia con una población que pese a su condición de estar privada de la libertad, tiene en todo caso unos derechos fundamentales que a luz de la Constitución y las normas internacionales, deben ser respetados y garantizados.

Basta con acudir a los registros oficiales, los cuales advierten cómo por ejemplo por cada 496 internos apenas hay un médico disponible. La Defensoría del Pueblo pidió reportes sobre algunos aspectos puntuales relacionados con la asistencia sanitaria en las prisiones, y encontró que de los 134 establecimientos que respondieron, el 55 por ciento no cumple con el suministro de medicamentos, más del 83 por ciento no lo hace frente al aprovisionamiento de insumos médicos y el 88 por ciento no aplica los protocolos para la recolección de residuos hospitalarios.

Todos estos factores, sumados al represamiento en los procedimientos solicitados (32 por ciento de los 16.835 tramitados en el último año), van en detrimento de la salud, la integridad y la dignidad de casi 10 mil pacientes oficialmente registrados (sin contar aquellos que no están identificados ante la precariedad del sistema), de los cuales 4.215 padecen hipertensión arterial, 2.084 son pacientes siquiátricos, 1.112 están diagnosticados con diabetes, 611 con VIH, 312 tienen complicaciones cardiovasculares y 251 sufren tuberculosis.

La Defensoría ha constatado que en gran parte de los establecimientos carcelarios, el personal médico contratado por el Fondo no ha recibido el pago de sus honorarios, como ocurre en San Andrés, Bellavista, Girón, Cúcuta, Melgar, Popayán, Villahermosa, Jamundí y La Modelo de Bogotá, algunos de ellos con atención intramural suspendida y otros con la renuncia gradual de los galenos.

El organismo de control para los derechos humanos en Colombia conoció que la IPS GIH, encargada de la asistencia en salud y el suministro de medicamentos para los internos con patologías siquiátricas, elevó esta semana un requerimiento al Fondo para exigir el pago de los honorarios, so pena de una parálisis indefinida en la prestación de los servicios.

En el tema de los medicamentos, la situación es igualmente crítica, particularmente en las cárceles del Meta, Antioquia, Chocó, Magdalena, Cauca, Norte de Santander y San Andrés, agravándose en aquellos centros de reclusión donde hay pacientes con enfermedades de alto costo como el VIH, lo cual sucede por ejemplo en la Penitenciaría de Acacías y la Cárcel Modelo de Bogotá, donde de los 51 pacientes diagnosticados 45 no reciben los antiretrovirales desde hace más de 3 meses.

Aunque la Defensoría del Pueblo ha formulado acciones legales y constitucionales para proteger los derechos de la población privada de la libertad en regiones como Magdalena, Cauca, Meta, Amazonas, Antioquia, Norte de Santander, Guajira y San Andrés, algunas de las cuales están actualmente en incidente de desacato, la Entidad no sólo acudirá a las instancias penales, disciplinarias y fiscales de control, sino que además solicitará a la Corte Constitucional que reasuma la competencia para revisar el cumplimiento de la sentencia T-388 de 2013, a través de la cual se declaró por segunda vez el estado de cosas inconstitucional en el tema carcelario y se adopten decisiones de fondo ante el incumplimiento manifiesto de las autoridades.