–Un giro de 278 mil millones de pesos garantizó el gobierno nacional para el Programa de Alimentación Escolar con el fin de superar la grave crisis que enfrenta este proyecto con perjuicio para más de 4 millones de colegiales.

Al mismo tiempo se anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la República con el fin de fijar claros parámetros para la contratación y evitar carruseles y el robo de los dineros destinados a la alimentación de los niños.

Estas soluciones fueron planteadas en el marco de un encuentro de representante del alto gobierno con la Federación de Departamentos y varios gobernadores donde el programa se ha visto afectado por falta de presupuesto y deficiencias en el suministro de alimentos.

En la reunión participaron la ministra de Educación, Gina Parody y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y los gobernadores de Bolívar, Dumek Turbay Paz; Boyacá, Carlos Amaya; Nariño, Camilo Romero; Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez y Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.
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El director de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, informó que en la reunión se concretó la asignación de los 278 mil millones de pesos adicionales para el garantizar la continuidad del programa. Estos dineros deberán ser girados a los departamentos a más tardar el miércoles de esta semana”, aseguró Acosta.

Además, el gobierno se comprometió a gestionar un faltante de 53 mil millones de pesos para lo que resta del año.
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Para ambientar el proyecto de ley que será tramitado para asegurar la viabilidad y sostenibilidad del programa y blindarle frente a la corrupción, se acordó una nueva reunión para este martes en la comisión sexta del Senado de la República, indicó Amilkar Acosta.

Previamente al encuentro, se presentó un incidente con la Procuradora Delegada para la Defensa de los derechos de la Infancia, Ilva Myrian Hoyos, quien denunció que había sido vetada al encuentro.

Precisamente, en momentos en que se iniciaba la reunión, la Procuraduría emitió un comunicado en el cual dio cuenta del supuesto veto, así:

• A esta hora se desarrolla, en la sede del Ministerio de Educación, una reunión encaminada a estudiar alternativas frente a la grave crisis del PAE, con presencia de la Federación Nacional de Departamentos, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y gobernadores delegados, pero sin presencia de la procuradora delegada para la Defensa de la Infancia, Ilva Myriam Hoyos (quien se encuentra en el lugar), por orden directa del Despacho de la ministra Gina Parody.

Por directriz de la señora ministra de Educación, Gina Parody, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, a pesar de estar en el lugar, fue vetada, impidiéndose su acceso a la reunión que a esta hora se desarrolla para buscar alternativas frente a la grave problemática del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a nivel nacional, y de la que sí hacen parte el director de la Federación Nacional de Departamentos y representantes de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y gobernadores delegados en la pasada cumbre realizada en la ciudad de Bogotá.

Dicha reunión fue concertada por todos los participantes de la pasada cumbre, incluyendo a la Procuraduría, pero en esta oportunidad se excluyó la posibilidad de que interviniera la delegada del ente de control, quien ha hecho un acompañamiento permanente en procura de encontrar soluciones y garantizar los derechos fundamentales de niños, jóvenes y adolescentes afectados por las reiteradas fallas del PAE.

Es inconcebible y muy grave esta exclusión de la intervención y participación activa en una política pública en la que la Procuraduría General de la Nación ejerce su función de acompañamiento y vigilancia preventiva consagrada en la Constitución Política de Colombia.

Recientemente la Procuraduría formuló advertencias en la materia y solicitó al Ministerio de Educación y demás entidades competentes asumir su responsabilidad ante las problemáticas del PAE y adelantar las acciones necesarias en defensa de los derechos de los beneficiarios de este programa.