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Nacional

«No se ha restituido ni una hectárea despojada por las FARC en el Caquetá»: Procurador

procurador

El procurador Alejandro Ordóñez recordó este martes a la comunidad de San Vicente del Caguán el derecho que tiene a exigir una consulta popular en caso de que este municipio del Caquetá sea nuevamente ocupado por la guerrilla a través de las denominadas “zonas de concentración”.

Después de escuchar las problemáticas de campesinos y ciudadanos de San Vicente del Caguán (Caquetá), el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, hizo un contundente llamado para que el Gobierno Nacional garantice la seguridad de los habitantes del departamento y resuelva las problemáticas que en materia de restitución de tierras se presentan en esta y otras zonas del país.

«No se ha restituido ni una hectárea despojada por las FARC en el Caquetá. El Gobierno no puede asumir una posición cómplice con los bandidos», dijo el jefe del órgano de control, quien advirtió que esta organización terrorista, aprovechando las concesiones recibidas en La Habana (Cuba), pretende el control territorial del departamento y de su economía.

“A las FARC les interesa la tierra y su control, así como que no se toque un peso de su fortuna. Las FARC ejecutan un plan para controlar territorialmente el Caquetá a través de la implementación de acuerdos de La Habana».

Según el procurador, después de que el Gobierno sellara un pacto de impunidad y la Fiscalía General de la Nación levantara las órdenes de captura a los máximos responsables de crímenes atroces, ahora pretenden darle “tratamiento de bloque constitucional a los acuerdos de La Habana”.

“Sería un acuerdo de élites, la que representa el Gobierno y la élite criminal de las FARC”; puntualizó, recordando a la comunidad de San Vicente del Caguán el derecho que tiene a exigir una consulta popular en caso de que este municipio del Caquetá sea nuevamente ocupado por la guerrilla a través de las denominadas “zonas de concentración”.

El procurador lamentó nuevamente que con la aparente complicidad estatal, la millonaria fortuna criminal de las FARC sea ignorada y la reparación a las víctimas recaiga en la ciudadanía.