–La creación de una misión de observación imparcial, preferiblemente internacional, que acompañe el proceso de desvinculación de los menores en poder las Farc y ejerza control y vigilancia para evitar que se presenten nuevos casos, pidió el partido Centro Democrático.

Al mismo tiempo, la colectividad liderada por el expresidente Alvaro Uribe Vélez, afirmo que las Farc tienen en su poder entre 2 mil y 3 mil niños y señaló además que como quiera que el reclutamiento forzado de menores, considerado éste como una forma de esclavitud, es un delito de lesa humanidad, sus promotores deben ser castigados penalmente, y de forma adicional por constreñimiento para la planificación no consentida y la práctica de abortos contra la voluntad de las niñas reclutadas.

Los pronunciamientos los hizo el Partido Centro Democrático a propósito del anuncio “de la desvinculación de menores de 15 años de las filas del grupo terrorista Farc”, en el siguiente comunicado:

1. Los menores de edad que han sido reclutados forzosamente por el grupo armado organizado al margen de la ley, Farc, son víctimas. En tal virtud, ellos deben ser considerados como desvinculados y no como desmovilizados, de acuerdo con lo que se lee en el literal d del numeral 1 del acuerdo en mención.

2. Al reconocerse la condición de víctimas de los menores en poder de las Farc, queda establecido que, para todos los efectos, el victimario es esa organización al margen de la ley, que de manera sistemática ha incurrido en el delito de reclutamiento forzado, conducta tipificada en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.

3. A la luz del Estatuto de Roma, el reclutamiento forzado de menores, considerado éste como una forma de esclavitud, es un delito de lesa humanidad, razón por la que se trata de una conducta imprescriptible, que no puede ser cobijada por amnistías o indultos.

4. Al incorporarse un enfoque diferencial, con especial atención a los derechos de las niñas que han sido víctimas de reclutamiento forzado, debe establecerse responsabilidades penales adicionales por constreñimiento para la planificación no consentida y la práctica de abortos contra la voluntad de las menores.

5. La Constitución Política de Colombia establece la mayoría de edad a los 18 años, razón por la que el acuerdo no debió limitarse a los niños menores de 15 años.

6. De acuerdo con cifras proveídas por distintas entidades y fundaciones que han trabajado el fenómeno del reclutamiento forzado de menores de edad, las Farc tienen en su poder entre 2 mil y 3 mil niños. El Gobierno está en la obligación de impedir que la guerrilla evada su responsabilidad por la totalidad de esos casos, presentando cifras que resultan inverosímiles.

7. La condición de víctimas trasciende a los menores que fueron sometidos al reclutamiento forzado. Sus familias deben ser incluidas en el listado de víctimas y como tales deben ser reparadas plenamente por las Farc.

8. Desde hace más de un año las Farc se comprometieron a cesar el reclutamiento forzado de menores. Entidades como la Defensoría del Pueblo, han documentado casos de niños que han sido llevados a la fuerza a los campamentos terroristas desde que se dio ese anuncio.

9. Para efectos de darle credibilidad y generar confianza en el acuerdo celebrado en La Habana el 15 de mayo del presente año, debe crearse una misión de observación imparcial, preferiblemente internacional, que acompañe el proceso de desvinculación de los menores en poder las Farc y ejerza control y vigilancia para evitar que se presenten nuevos casos.