–En una constancia que dejó en la plenaria de la corporación, la senadora del partido uribista Centro Democrático Nohora Tovar Rey rechazó la iniciativa del Gobierno Nacional que busca dejar libres a miles de presuntos responsables de delitos sexuales, corrupción o cualquier proceso ante la justicia penal especializada.
La congresista considera absurda la medida, bajo el argumento de resolver de alguna manera la grave crisis de hacinamiento que registra el sistema carcelario colombiano.
El siguiente es el texto de la constancia de la senadora Tovar:
La ley 1760 de 2015, fue una iniciativa del Gobierno Nacional que en cabeza del entonces Ministro de Justicia modificó el código penal en lo que tiene que ver con medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Entre lo que contiene esta norma, se encuentra la absurda medida de excarcelar a miles de personas que hoy están en medio de un proceso judicial, bajo el argumento del Gobierno, de resolver de alguna manera la crisis de hacinamiento carcelario que en Colombia alcanza el 52%.
El Gobierno Santos manifestó la decisión de NO construir más cárceles en Colombia pero, los centros carcelarios son una necesidad de todas las sociedades, en todas partes del mundo existe el delito y desde la antigüedad hasta hoy la cárcel es el último método de sanción a quien viola la ley, no podemos tener miedo de decirlo.
Colombia es el tercer país en el índice global de impunidad después de Filipinas y México, 9 de cada 10 homicidios quedan en la impunidad.
Extrañamente el Gobierno Nacional, decide tomar una medida tan grave como esta y, es impulsar la excarcelación masiva de procesados por no tener la capacidad institucional de frenar la crisis carcelaria. Un mal menor no se puede resolver con uno mayor. La crisis carcelaria no se resuelve premiando a quienes han dañado a la sociedad.
Por el contrario, los esfuerzos tendrían que ir dirigidos a optimizar a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces penales en las regiones, a implementar nuevas fórmulas de investigación, más capacidad humana y tecnológica, contratación de personas que sean necesarias para frenar la impunidad real y no para perseguir a opositores del Gobierno. Con lo que costó el avión del Exfiscal Montealegre y los contratos a sus amistades cuantas fiscalías de las regiones no se hubieran fortalecido
Por ahora sigue reinando la lentitud en los procesos y si este congreso no frena la absurda medida implementada por el Gobierno, al 7 de Julio de 2017 estarán en las calles más de 19 mil procesados por delitos tan graves como la violencia sexual. La primera parte de muchos de ellos verán la libertad el próximo 7 de Junio. Este Congreso no puede fallarle al país y al respeto de las víctimas de una manera tan infame. Tenemos que actuar inmediatamente.

