La Defensoría del Pueblo, que mediante tutelas ha beneficiado a 14.700 internos cuyos derechos han sido vulnerados, insistió ante esa Corporación Legislativa en la necesidad de que se decrete la emergencia social carcelaria.

En desarrollo de un debate de control político sobre la situación sanitaria en las cárceles del país, la Defensoría del Pueblo reveló que más de 7.300 internos de 23 establecimientos de reclusión en el territorio nacional carecen de cualquier tipo de atención médica, a pesar de las condiciones de hacinamiento y las patologías que allí se presentan.

Durante su intervención ante la Comisión Primera del Senado, la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, dio a conocer un informe basado en visitas de inspección a terreno, al cabo de las cuales se conoció que de 20.945 procedimientos solicitados por los pacientes privados de la libertad, sólo han sido autorizados 8.531, es decir apenas el 40,7 por ciento.

El estudio señala que en 84 de 132 establecimientos analizados, lo cual equivale a más del 63 por ciento, no hay entrega de medicamentos a los enfermos y que en 109 de ellos (82,5 por ciento) se incumple el suministro de insumos médicos, hospitalarios y odontológicos.

Como lo había precisado en su momento, la Defensoría del Pueblo concluyó que tan sólo hay un médico por cada 797 internos en el país, que no existen regentes de farmacia y que tampoco hay auxiliares a cargo del archivo de historias clínicas dentro de los establecimientos.

La situación tiende a agravarse si se tiene en cuenta que de los casi 10 mil pacientes oficialmente registrados en el sistema, 4.339 padecen hipertensión arterial, 2.162 son siquiátricos, 1.074 presentan diagnóstico por diabetes y 613 por VIH.

En medio de su exposición ante el Senado, la Defensoría indicó que de acuerdo con información confirmada por el mismo Inpec, durante los últimos meses fallecieron 4 internos por falta de atención médica en La Picota, mientras 45 de los pacientes diagnosticados con VIH en la cárcel Modelo siguen sin recibir medicamentos antiretrovirales ni controles con infectólgo. El organismo de control para los derechos humanos en Colombia dio a conocer el caso de una reclusa en Sincelejo, quien pese a tener 22 semanas de embarazo no ha tenido acceso a chequeos médicos ni controles prenatales.

A lo anterior, se suma la revisión hecha por la Defensoría Delegada respecto a los cupos carcelarios, encontrando que de los 6.700 que fueron proyectados para 2015 sólo fueron entregados 1.700, es decir el 25 por ciento, mientras que la población nueva que ingresó al sistema en el mismo período bordeó las 5 mil personas. Por ello, la Defensoría del Pueblo insistió en la declaratoria de una emergencia social carcelaria.

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