–En el mundo se conmemora este lunes 20 de junio el Día Mundial de los Refugiados, drama terrible que en Colombia es el equivalente a los desplazados, que son familias que se ven obligadas a huir por la violencia.

En el mundo, más de 60 millones de personas viven como refugiados fuera de sus países o dentro de sus fronteras, según estadísticas de la ACNUR, la agencia de la Onu para los Refugiados, la cual no tiene cifras actualizadas sobre los desplazados colombianos.

El organismo internacional establece, sin embargo, que Colombia es el país con el mayor número de desplazados, con 6,9 millones de personas, seguido por Siria, con 6,6 millones e Irak, con 4,4 millones cifras acumuladas desde 1985.

En Colombia, se dan estadísticas tentativas, no confiables, de 6 a 7 millones de personas, entre niños, niñas, adolescentes y adultos, que se han visto forzadas a abandonar sus lugares de origen por la acción de los grupos armados ilegales, en gran parte para apoderarse de sus tierras.

Qué direrencia hay entre refugiados y desplazados: Los refugiados son personas que han cruzado una frontera internacional porque corren el riesgo de ser perseguidas o han sido perseguidas en sus países de origen. Los desplazados internos, en cambio, no han cruzado una frontera internacional pero, por algún motivo, se han ido de sus hogares, señala la Cruz Roja Internacional.

“La comunidad internacional debe hacer más para resolver los conflictos y abordar los factores que causan tanto sufrimiento. También debemos mantenernos firmes en contra del cierre de las fronteras, otras barreras y la intolerancia. Así como en contra de los criminales y predadores que explotan a los seres humanos», declaró el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, en referencia a la situación creciente del flagelo y que actualmente se centra en Europa.

Al efecto, hizo un llamado a los países europeos «a responder con un abordaje basado en los derechos humanos. La detención no es la respuesta. Deben ponerle fin a esa medida inmediatamente. Trabajemos juntos para reasentar a más personas, proveer alternativas legales e integrar mejor a los refugiados”.

Con relación a los refugiados, la ACNUR presentará este lunes en la sede de la ONU en Nueva York, una petición a los gobiernos del mundo, sobre 4 puntos específicos:

-Garantizar que todos los niños refugiados tengan acceso a la educación.
-Garantizar que todas las familias refugiadas tengan un lugar seguro donde vivir.
-Garantizar que todos los refugiados puedan trabajar o formarse para adquirir nuevas competencias y así poder contribuir positivamente a sus comunidades.

En Colombia, la demanda prácticamente es similar, pues tiene que ver con carencia de atención en salud, en educación, inconformidad en el diseño de sus viviendas, así como altos niveles de pobreza.

Esta situación fue identificada en un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la aplicación de una herramienta desarrollada a partir de encuestas y entrevistas a estos grupos familiares, quienes volvieron a su territorio luego de haber sido desplazados por paramilitares.

La herramienta se diseñó a partir de un convenio interadministrativo suscrito por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), a través del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID), y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de identificar las necesidades de la población desplazada y lograr una integración exitosa.

Según el informe de la Agencia de Noticias U.N., el estudio adelantado con la población de la vereda de Las Palmas, en San Jacinto (Bolívar), ofrece un insumo esencial para que el país pueda hacer efectiva la restitución de tierras. Además, se constituye en un soporte para el trabajo de entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad de Víctimas (Uariv).

La herramienta fue desarrollada desde diferentes metodologías e instrumentos como encuestas, entrevistas y experimentos, que permiten obtener una fotografía de los procesos de retorno o reubicación que debe llevar a cabo la población desplazada.

Funciona como una matriz de medición para el diagnóstico del estado de la comunidad basado en seis dimensiones: capital social, capacidades, percepciones en términos de identidad y arraigo, seguridad y acción y desigualdad sin daño por parte de las autoridades.

Para validar la herramienta fue necesario comparar hogares conformados por población retornada, con hogares de comunidad vulnerable, que viven alrededor del municipio de San Jacinto.

“Esto nos permitió obtener una visión paralela, hacer una prueba estadística y determinar qué población estaba en mejores condiciones. Así, se hizo un diagnóstico que sirve de guía para las intervenciones que las autoridades realicen en el futuro”, explica Francesco Bogliacino, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N. y coautor del estudio.

Los investigadores establecieron que el sentido de pertenencia aún permanece vigente y las relaciones de confianza se mantienen desde que la población decidió regresar. Sin embargo, todavía perciben distancia respecto a su territorio, debido a la situación de desplazamiento.

Los mayores retos fueron evidentes en el acceso a los derechos sociales. Aunque tienen garantizado el acceso a la salud y educación, los integrantes de la comunidad deben trasladarse alrededor de 15 kilómetros para llegar al casco urbano de San Jacinto, donde está la escuela y el hospital. Debido a esta situación el retorno real a la vereda solo se ha hecho efectivo por pocos miembros de la familia.

Otro de los aspectos que destacan los investigadores es sobre el proceso de titulación de tierras, el cual está tomando más tiempo del esperado.

Además, hasta ahora todo lo que han conseguido ha sido a través de procesos de judicialización y demandas.

Tal es el caso del puesto de salud y solo luego de que la Corte dictara sentencia, el municipio estuvo obligado a enviar un médico algunos días para atender a la población.

“Son logros, pero se han obtenido a través de peleas judiciales. Esto parece complicado, porque estamos en un momento en que necesitamos que la relación entre la comunidad y las autoridades fluya”, sostuvo el investigador.

Un detalle de gran relevancia fue el tema de la vivienda. Si bien la asignación de un techo para cada familia está en curso, las personas reclaman que se debió hacer una consulta comunitaria sobre cómo querían que fuera su casa. La comunidad, por sus costumbres, prefiere una vivienda rural con amplios patios y cocina exterior, pero recibirán una con la estructura tradicional de las casas de interés social.

De igual manera, pese a que la población tiene coberturas de subsidio, el nivel de pobreza e indigencia sigue siendo alto. En el primer caso fue del 78,1 % y en el segundo de 71,9 %.

Ante esto, el estudio recomienda considerar diferentes tipos de intervenciones, puesto que la población solicita ofertas laborales y proyectos productivos que les permitan permanecer en su tierra y disminuir el nivel de informalidad, que a largo plazo puede afectar el éxito del proceso de retorno.

Si bien los retos que se evidenciaron en Las Palmas serán diferentes a otros presentados en cualquier vereda que reciba a una comunidad retornada, estos insumos permitirán examinar y monitorear los procesos de integración y servir como mapa de ruta para que las intervenciones sean exitosas.

Según la Unidad de Víctimas existen alrededor de seis millones de desplazados en el país que esperan volver a sus tierras luego de la firma del acuerdo de paz e implementación.

Después de soportar la privación de sus derechos sociales y la vulneración a las aspiraciones de construir su propio proyecto de vida, los desplazados deberán afrontar los retos que implica retornar a su territorio con las garantías necesarias.

Este sábado, la ONU también conmemoró el «Día Inernacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos», flagelo que también ha sufrido y sufre Colombia por cuenta de los grupos guerrilleros y de las bandas paramilitares.

«En la actualidad se reconoce ampliamente que la violencia sexual es una estrategia deliberada que se emplea para desgarrar el tejido social, controlar e intimidar a las comunidades y expulsar a las personas de sus hogares. […] Debemos seguir abogando por todos aquellos, mujeres, niñas, hombres y niños, cuyos cuerpos se consideran botín de guerra desde hace ya demasiado tiempo», proclamó el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.