El Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá falló, en primera instancia, a favor del representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla, al ordenar que la Alcaldía Mayor en cabeza de Enrique Peñalosa, realice los trámites y tome las decisiones administrativas necesarias para conformar y convocar una mesa de concertación con los vendedores informales de la ciudad, en un término de tres (3) meses.
Esto, en respuesta a una acción de cumplimiento que instauró el Congresista, el pasado 13 de mayo, en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá para garantizar esta instancia de participación, consagrada en el Decreto 098 de 2004. Según el fallo; el alcalde Peñalosa ha incumplido el artículo 4º de dicha normativa al no convocar a las entidades del Distrito respectivas y a los representantes de las asociaciones de vendedores informales, para diseñar y evaluar la política distrital relativa al uso y aprovechamiento del espacio público.
“Es triste acudir a instancias judiciales para que un alcalde cumpla con lo que debe ser un principio democrático como sentarse a dialogar con las personas que resultan afectadas con sus políticas. Aunque es un fallo de primera instancia, éste representa una victoria que nos da la razón frente al incumplimiento de Peñalosa en torno a la normativa vigente, lo que claramente vulnera los derechos al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso de los vendedores”, aseguró Asprilla.
Recordó, además, que la acción de cumplimiento fue radicada luego de la masiva movilización social del pasado 29 de febrero, en la cual participaron cerca de 6.000 vendedores, y tras varias solicitudes formales dirigidas al Alcalde Mayor de Bogotá. “Le hice incluso una solicitud personal al Secretario de Gobierno (Miguel Uribe) para establecer un espacio de diálogo, sin embargo, recibimos una respuesta grosera y déspota”, añadió el Representante.
Por otra parte, el Representante a la Cámara está promoviendo conjuntamente con los vendedores informales, la convocatoria de un cabildo abierto para citar al alcalde Enrique Peñalosa al Concejo de Bogotá, en cumplimiento de la Ley 1775 de 2015. “Vamos a empezar un proceso de recolección de firmas para que sean los vendedores y los ciudadanos que están indignados con el trato de la Administración Distrital, quienes citen al Alcalde. Con ese cabildo, Peñalosa tendrá la obligación de ir y no pondrá interponer ninguna excusa. Seguramente, si no recapacita será la preparatoria para su revocatoria”, precisó.
El Congresista advirtió, que en el informe de conciliación del Código Nacional de Policía entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República se suprimió el parágrafo 4º del Artículo 139 que establecía una política para garantizar el derecho al trabajo de los vendedores informales