–Como un segundo chantaje calificó el procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado las afirmaciones que hizo el presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que si no se firma la paz con las Farc el gobierno tendrá que aumentar los impuestos.

“El segundo chantaje lo sufrimos esta semana por parte del Gobierno del señor presidente al amenazar con impuestos. Ese chantaje es para imponer, por parte del Gobierno y las Farc, determinadas decisiones que se están alcanzando en La Habana», afirmó Ordoñez Maldonado.

El jefe del ministerio público reaccionó así al pronunciamiento que hizo el presidente Santos en la mañana de este lunes en un programa institucional de Señal Colombia, en el cual afirmó que si no se llega a un acuerdo de paz con las Farc el Gobierno tendrá que incrementar los impuestos para seguir costeando la guerra.

“Se ha dicho que vamos a subir los impuestos para pagar la paz. Todo lo contrario. Si llega a continuar la guerra, ahí si tenemos que subir los impuestos”, expresó Santos, quien explicó que para mantener la confrontación armada se necesita una inversión muy grande en armas, pero también en la atención y reparación de las víctimas.

“Las guerras son muy costosas”, resaltó el mandatario colombiano, quien advirtió que por el contrario si se logra la paz habrá más inversión en educación, salud y en programas sociales.

El pasado jueves 16 de junio, Santos había notificado: “Si el plebiscito no se aprueba volvemos a la guerra. Así de sencillo”.

“Se ha querido decir: ‘No. Es que si el plebiscito se niega, vamos a poder negociar un acuerdo mejor’. No, no se equivoquen”, explicó el Mandatario colombiano desde la ciudad de Medellín.

Y agregó que: “No es que vamos a volver a la Mesa de Negociación, volvemos a la guerra. Esa es la verdad”.

Frente a estas precisiones del presidente Santos el procurador Ordoñez Maldonado declaró este lunes:

“Pienso que la sociedad colombiana debe rechazar esto con decisión y ahínco; a la sociedad colombiana no la van a postrar ni con el terrorismo ni con el miedo. Esta es una guerra sicológica a la que está sometida la sociedad colombiana, o el terror o el miedo para lograr determinados propósitos políticos”.

El jefe del órgano de control reiteró que estas advertencias, en busca de propósitos políticos, no coinciden con el anhelo de paz de toda la sociedad y le restan legitimidad al acuerdo entre la élite gobernante que preside el presidente Santos y la élite criminal representada en la organización ilegal de las FARC.

“Todos esos aspectos deslegitiman el plebiscito y el acuerdo de La Habana. El chantaje del miedo y la utilización de recursos públicos para lograr una determinada decisión. Los esfuerzos deben ser para legitimar y no para deslegitimar”, explicó.

Mesa de trabajo frente a cumplimiento de acuerdos entre Gobierno y dignidades agropecuarias

Las declaraciones del jefe del Ministerio Público se dieron tras la realización de una mesa, en la sede central de la Entidad, para abordar el nivel de cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante el año 2013 entre el Gobierno Nacional y las dignidades agropecuarias. Dichos pactos permitieron el levantamiento de un paro nacional en la época, pero su incumplimiento desembocó en uno nuevo durante este año.

“Esta mesa ha sido muy fructífera, primero porque el Gobierno reconoce que los acuerdos son vinculantes. Segundo, porque las dignidades agropecuarias consideran que el nivel de cumplimiento es bajo, por el orden del 50 por ciento; y por otra parte se evidenció que el Gobierno ha hecho esfuerzos en ese sentido”, indicó el procurador general.

En la jornada, que se extendió por más de cuatro horas, participaron viceministros de las carteras de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía, así como representantes del Banco Agrario, el Fondo para el financiamiento del sector agropecuario (Finagro) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Igualmente voceros de las diferentes dignidades agropecuarias en el país.

Se evidenció durante el encuentro que el país no ha desarrollado una obligación constitucional de reconocer que los créditos para el sector agrario deben tener una condición especial, que considere variables como la ambiental. Hoy muchos cultivadores tienen dificultades para atender sus obligaciones crediticias a raíz de los efectos que para sus cosechas han representado los fuertes cambios en los fenómenos climáticos. La rigidez de las políticas de crédito es incompatible con la realidad de los cultivadores.

Igualmente que en materia de compensaciones, a pesar de que las movilizaciones fueron en el 2013, hoy el Gobierno no tiene claro cómo incluir en los presupuestos el reconocimiento de las pérdidas de los cultivadores.

Dado el incumplimiento de los compromisos relacionados con el conflicto entre minería y agricultura, la Procuraduría General de la Nación propiciará una mesa de trabajo para el seguimiento específico de esos acuerdos, y para el ajuste de la política pública en la materia, en consonancia con las recientes sentencias de la Corte Constitucional al respecto.

En ejercicio de su actuación preventiva y de articulación, la Procuraduría General de la Nación continuará acompañando el proceso de negociación y de cumplimiento de acuerdos entre el Ejecutivo y las dignidades agropecuarias, siempre en defensa de los intereses colectivos y la garantía de los derechos ciudadanos.