La Organización de Estados Americanos, OEA, dejó hoy abierto el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, después de escuchar el crítico informe del secretario general, Luis Almagro, sobre la crisis política y social en el país suramericano.

La sesión extraordinaria de la OEA, convocada a solicitud de Almagro, terminó sin llamada a votación ni anuncio sobre si el debate se retomará en algún momento.

Para que eso suceda, un Estado miembro o el propio Almagro deben solicitar la convocatoria de otro Consejo Permanente al presidente de turno de este órgano, que en este momento es el embajador argentino, Juan José Arcuri.

Los 20 países que apoyaron la celebración de la reunión hablaron, en líneas generales, de revisar el informe de Almagro en los próximos días o semanas y reiteraron su apoyo a la iniciativa de diálogo en marcha auspiciada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La oposición venezolana, que pidió a Almagro invocar la Carta Democrática y hoy estuvo presente en Washington, vuelve a Caracas convencida de que «el debate no morirá aquí» y satisfecha porque la reunión pudo celebrarse pese a los esfuerzos del Gobierno venezolano por cancelarla.

«La gran derrota de la diplomacia venezolana es que no querían que se considerara el caso Venezuela, trataron de disimular la existencia de una crisis y no pudieron, porque la crisis existe y es política, económica y social», dijo a los periodistas el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Henry Ramos Allup.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, abrió la sesión pidiendo que se cancelara por considerarla «un golpe de Estado de Almagro a la organización y a Venezuela», ante lo cual el presidente del Consejo sometió a votación si la reunión debía seguir.

Venezuela perdió por 12 votos frente a 20, y se produjeron 2 abstenciones, lo que evidenció la influencia mermada de Caracas en una región donde los equilibrios políticos están cambiando.

Votaron a favor de que se celebrara la sesión Uruguay, Surinam, Paraguay, Perú, Panamá, México, Jamaica, Honduras, Guyana, Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Canadá, Chile, Brasil, Belice, Barbados, Bahamas y Argentina.

En contra lo hicieron San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, República Dominicana, Nicaragua, Haití, Granada, El Salvador, Ecuador, Dominica, Bolivia, Venezuela, y Antigua y Barbuda.

Se abstuvieron Trinidad y Tobago y Santa Lucía.

Así, Almagro pudo presentar los puntos clave del crítico informe de 132 páginas con el que el pasado 31 de mayo dio el paso sin precedentes de invocar el artículo 20 de la Carta Democrática, que le autoriza a él o a un Estado miembro a convocar un Consejo Permanente extraordinario cuando considere que existe en un país «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático».

«El Consejo Permanente debe mantenerse del lado correcto de la historia y defender a un pueblo que necesita voz. Solo volviendo a un ejercicio legítimo y responsable del poder, podrá Venezuela volver a la senda de la paz y de la prosperidad», afirmó.

Almagro pidió al Consejo que votara a favor de que «se lleve a cabo en Venezuela antes del final de 2016 el referendo revocatorio previsto en la Constitución, y se libere de inmediato a todos los presos políticos».

Además, quiso dejar claro que rechaza cualquier intento de intervención en Venezuela, algo de lo que le acusó la canciller de ese país y los representantes de Bolivia y Nicaragua, y aseguró que «el objetivo hoy no es castigar ni sancionar a Venezuela».

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ausentó una vez comenzó a hablar Almagro y volvió cuando terminó para escuchar a los Estados miembros.

En una intervención muy dura con Almagro, la diplomática tachó su informe de «adefesio ideológico, jurídico y político», le acusó de «querer imponer una ideología pseudofascista de desconocimiento de los Gobiernos», y de «estar convirtiendo la OEA en un tribunal de inquisición contra Venezuela».

La canciller, el embajador de Bolivia, Diego Pary, y el representante de Nicaragua Luis Exequiel Alvarado Ramírez pidieron la renuncia de Almagro, al que acusaron de devolver a la OEA «a su oscuro pasado de intervenciones golpistas».

Para destituir a un secretario general de la OEA es necesario que se convoque una Asamblea General extraordinaria en la que 24 de los 34 cancilleres apoyen esa decisión.

Ecuador, que también pertenece a la Alianza Bolivariana (ALBA), acusó a Almagro de «boicotear» la mediación de diálogo en Venezuela, pero se expresó en términos menos duros y no pidió su renuncia. Con EFE