Judicial

Por carrusel de contratos, pedirán 20 años de cárcel para Liliana Pardo exdirectora del IDU

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Así fue anunciado este lunes por la Fiscalía General de la Nación, la exdirectora del IDU Liliana Pardo, según el ente acusador, debería ser condenada a una pena superior a los 20 años de cárcel, en el caso del descalabro financiero y económico que sufrió Bogotá producto del carrusel de los contratos.

El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Valbuena, señaló que en los alegatos de conclusión para el juicio se pedirá una condena a 20 años como mínimo.

Pardo se negó a declarar como testigo en el juicio que se le lleva a cabo por el escándalo del carrusel de contratos en Bogotá, ante el juzgado décimo de conocimiento.

Liliana Pardo señaló a su abogado, en un documento, que: “se me han negado mis derechos fundamentales al mantenerse la actuación penal en mi contra, la cual contenía múltiples irregularidades, así como lo advirtió un juez de la República”.

Y agregó que: “Nunca tuve duda de estar allí y responder todos los interrogantes, pero no me fue posible lograr las condiciones tecnológicas para tal fin”.

La juez decidió finalizar el juicio en su etapa probatoria y fijar para el mes de agosto los alegatos finales, con los que concluye el juicio del cual procede el fallo final.

En contra de Pardo se adelanta juicio por el delito de cohecho impropio, señalada de recibir dinero de excontratistas distritales para facilitar la modificación de los pliegos de exigencias en el momento de licitar con la entidad para las obras de la fase III de TransMilenio por la calle 26, todo esto en el marco de las investigaciones que recibieron el nombre del carrusel de la contratación.

También se conocerá el fallo para el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, acusado de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricto por omisión, además de omitir el control fiscal para los contratos celebrados en el año 2007, entre contratistas y el IDU.