Los ministerios de Justicia y del Derecho; de Minas y Energía, de Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, lanzaron el estudio “Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de la percepción remota”. Este documento responde al auge de esta práctica en el país, que en un 60% no se realiza bajo el amparo de la normatividad vigente y que, en muchos casos, impulsa la creación de una cadena productiva que financia y fortalece el crimen organizado.

Los resultados de este estudio revelan, entre otras cosas, que para el año 2014, Colombia tenía 78.939 hectáreas distribuidas en 17 de los 32 departamentos, donde se realiza este tipo de explotación. La actividad se concentra en Antioquia y Chocó, donde se encuentra el 79% de estas áreas de explotación. El municipio de Nechí (Antioquia) es el que presenta más área afectada, con 6.232 hectáreas.

Otro de los hallazgos del estudio es la estrecha relación entre la explotación de oro de aluvión con los cultivos de coca. En este sentido, el documento evidencia que, por ejemplo, en los departamentos de Caquetá, Nariño y Putumayo, más del 80% de las zonas donde se practica este tipo de minería, se localizan en territorio afectado por cultivos ilícitos. En Bolívar esto ocurre en el 45% de las áreas cultivadas con coca, mientras que Chocó, Valle y Antioquia este porcentaje se encuentra entre el 30 y el 35%.

El documento también alerta sobre la presencia de explotación de oro de aluvión en territorios especiales. Los más afectados son los Consejos de Comunidades Negras, con un 46% de sus territorios aquejados por esta problemática. También se detectó afectación en resguardos indígenas, especialmente en comunidades Emberá- Katío, en Chocó y Antioquia.

El Gobierno de Colombia y UNODC esperan de esta manera contribuir a una mejor caracterización de la explotación de oro de aluvión, que brinde información objetiva y robusta a las entidades ambientales, de control, fiscalización y gestión territorial.

La información es útil para la focalización y priorización de la política pública y ofrece un marco de investigación para clarificar las relaciones de esta modalidad de explotación mineral con las actividades ilegales y criminales.