Con el propósito de promover el emprendimiento, la inclusión e intermediación laboral entre la población víctima, el Ministerio del Trabajo instala mesas de empleo para la población afectada directamente por la confrontación armada.

Así lo anunció el ministro encargado de las funciones del despacho, Francisco Javier Mejía, durante la instalación del III Encuentro de Representantes de Población Desplazada, que se realiza en la capital de la República entre el 5 y el 7 de julio.

El objetivo es el de restituir las capacidades de esta población con miras a que se convierta en protagonista activo de la productividad económica del país.

Explicó el Ministro (e) que las mesas de trabajo que sesionarán durante los tres días de este encuentro, participarán funcionarios de la cartera laboral con el objetivo también de recoger las distintas inquietudes y requerimientos de los voceros de la población desplazada para analizarlas, procesarlas y atenderlas de la mejor manera.

A través de la promoción del diálogo social, una de las apuestas del Ministerio del Trabajo, se consolidará una política pública de empleo que facilite los caminos en el restablecimiento de los derechos al trabajo y el ingreso de las víctimas del conflicto, expresó el alto funcionario. En el marco de este propósito, dijo Mejía, «el Ministerio del Trabajo, a través del Programa de Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano para Víctimas del Conflicto Armado (PRIEV), con presencia en 120 municipios, ha buscado restituir las capacidades de las víctimas para que, bajo principios de cooperación y solidaridad, puedan entrar a participar en la productividad económica del país».

El funcionario destacó los procesos de acompañamiento a víctimas en la zona del Pacífico, los cuales son dirigidos a comunidades indígenas y afros, y el impulso de emprendimientos rurales en más de nueve departamentos del país, que buscan contribuir a saldar la deuda histórica con el campo colombiano.

También dijo que el Ministerio del Trabajo viene avanzando en la inclusión productiva de víctimas con discapacidad, para lo cual varias entidades nacionales han consolidado una alianza con la cooperación japonesa en la formulación de una política pública.