— El gobierno de Panamá reconoció en la últimas hora que considera una reforma a la ley que permite aplicar medidas de retorsión ante acciones de otros países que estime discriminatorias a su economía, refiriéndose a los pasos a dar para asegurar el cumplimiento de un dictamen de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que favoreció a su país en un diferendo comercial con Colombia.

El ministro de Comercio e Industrias panameño, Augusto Arosemena, hizo las afirmaciones al hablar sobre la perspectiva de cumplimiento por parte de Colombia de la decisión del pasado 7 de junio de la OMC favorable a Panamá en un diferendo por la aplicación colombiana de aranceles mixtos.
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El órgano de solución de controversias de la OMC confirmó un fallo previo, del 27 de noviembre de 2015, que consideraba discriminatoria la aplicación por parte de Colombia a Panamá de una sobretasa al ingreso a su país de calzado, textiles y prendas de vestir.

Arosemena explicó que la definida es la última instancia de reclamación a que tiene derecho Colombia en esta controversia, por lo que le corresponde ahora al país sudamericano tomar un camino.

Según afirmó la viceministra de negociaciones comerciales internacionales de Panamá, Diana Salazar, el 30 de julio vence la vigencia de las medidas prorrogadas por Colombia (los aranceles mixtos), por lo que Bogotá deberá decidir sobre el desmantelamiento de las medidas cuestionadas, lo que espera Panamá, o si renueva las medidas, o qué posición toma.

Las autoridades colombianas habían relacionado la aplicación del arancel mixto como una medida para supuestamente frenar el contrabando proveniente de la panameña y caribeña Zona Libre de Colón (ZLC), una de las zonas francas más grandes del mundo.

Arosemena destacó que se reunió la mañana de este lunes con la embajadora de Colombia en Panamá, Angela Benedetti, trabajando en coordinar una reunión entre él y la ministra de Comercio, Industria y Turismo colombiana, María Claudia Lacouture, para determinar cuál va a ser el criterio para desmantelar las medidas cuestionadas.

“Pero nosotros como país seguimos exigiendo que esa medida sea desmantelada, y que no sea renovada el 30 de julio”, agregó, apuntando que el gobierno de Panamá considera que debe ser así, a pesar que la OMC no establece un plazo específico sobre cuándo se debe desmantelar. (Información de la agencia Xinhua)