–El Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado afirmó que más del 50 por ciento de las Farc no se desmovilizarán, desacatando los acuerdos de paz de La Habana y urgió al gobierno nacional a reactivar inmediatamente las operaciones militares, incluidos los bombardeos, contra estas fuerzas disidentes.

En una declaración escrita que emitió a primera hora de este viernes, el jefe del Ministerio Público establece que son dos los reductos de las Farc que se han declarado en disidencia. Ellos son, el frente primero y el frente 7.

“La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que el propio Gobierno calcula en cerca de 8.000 los milicianos de las Farc y que conforme al texto del Acuerdo presentado el 23 de junio de 2016, estos no se concentrarán en las zonas de ubicación para desmovilizarse. Es decir, más del 50% de las Farc no se desmovilizaría”, precisa el Procurador.

Frente a este panorama, Ordoñez Maldonado afirma que “el presidente debe ordenar inmediatamente la reactivación de operaciones militares contra las estructuras de Farc que no se van a desmovilizar, incluyendo los bombardeos contra sus campamentos. La guerrilla de las Farc continúa en la ilegalidad y atemorizando a la población civil”.

El texto integral de la declaración del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, es el siguiente:

El pasado miércoles, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aceptó que una facción de las Farc no se va a desmovilizar. Se refirió al Frente 1 ‘Armando Ríos’.

Esa estructura criminal, según fuentes oficiales, está compuesta aproximadamente por 450 miembros, entre guerrilleros y milicianos.

Con información de trabajo en terreno, el día de ayer la Procuraduría General de la Nación conoció que la población del Guaviare señala que además del Frente 1, el Frente 7 de las FARC tampoco se desmovilizaría. Se calcula que dicho Frente está compuesto por alrededor de 300 integrantes, entre milicianos y guerrilleros.

Los Frentes 1 y 7 son responsables de gran parte de las actividades de narcotráfico y minería criminal que realizan las Farc. Su continuación en la violencia, como lo manifestaron recientemente, exige al país claridad absoluta del Secretariado de las Farc y del presidente Santos.

En los departamentos de Meta y Guaviare los cerca de 800 miembros de esos dos frentes continuarían realizando actividades terroristas.

Ambos frentes representan algo menos del 30% de los guerrilleros del Bloque Oriental, el más grande las Farc.

La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que el propio Gobierno calcula en cerca de 8.000 los milicianos de las Farc y que conforme al texto del Acuerdo presentado el 23 de junio de 2016, estos no se concentrarán en las zonas de ubicación para desmovilizarse. Es decir, más del 50% de las Farc no se desmovilizaría.

Los colombianos entienden la paz como el fin del aparato armado de las Farc. Si no se concentran los miles de milicianos para desmovilizarse y si frentes completos se niegan a desmovilizarse y entregar las armas, el Acuerdo de La Habana se puede convertir en una gran estafa: todos los privilegios para la cúpula de las Farc, mientras más de la mitad de los integrantes del grupo continuarán delinquiendo.

El presidente debe ordenar inmediatamente la reactivación de operaciones militares contra las estructuras de Farc que no se van a desmovilizar, incluyendo los bombardeos contra sus campamentos. La guerrilla de las Farc continúa en la ilegalidad y atemorizando a la población civil.

Por último, es urgente utilizar todos los recursos posibles para eliminar los cultivos ilícitos en las zonas en las que delinquen tales frentes.

El crecimiento exponencial de los cultivos de coca que registran todos los informes internacionales, incluido el de ayer que reporta un incremento del 39% de cultivos en el último año, propiciado por el propio Gobierno con el desmonte subrepticio de la política antidrogas, estimula a estructuras de las Farc a no desmovilizarse y mantener el control del negocio. No se les puede seguir otorgando ventajas a las Farc al costo de la seguridad de los colombianos.