–En desarrollo de una acción preventiva realizada por más de un mes, la Procuraduría General de la Nación instauró una tutela contra el hacinamiento de detenidos en las estaciones de Policía en diferentes municipios del departamento de Santander.

La acción judicial busca que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Consejo Seccional de la Judicatura, garanticen los derechos constitucionales y legales de las personas sindicadas y condenadas que actualmente están privadas de la libertad en los sitios transitorios de las estaciones y comandos de Policía de los diferentes municipios de Santander.

El Ministerio Público advirtió que hay personas que llevan hasta 17 meses recluidas en estas instalaciones policiales.

Añadió que la grave crisis de hacinamiento ha generado en los últimos años que las salas temporales de privación de la libertad de las estaciones de Policía del Área Metropolitana tengan que alojar en sus instalaciones a personas retenidas, sindicadas y condenadas, convirtiéndose en verdaderos y complejos centros de reclusión, poniendo en riesgo las garantías y los derechos fundamentales de los internos.

Esta situación fue el punto de partida de la acción preventiva adelantada por la Procuraduría y las correspondientes visitas especiales a las estaciones de Policía del área Metropolitana de Bucaramanga, los municipios de San Gil, Socorro, Sabana de Torres, El Peñón, Guavatá, Chipatá, La Paz y Barrancabermeja para establecer las condiciones de los internos en las salas temporales.

Los resultados de las visitas adelantadas permiten advertir que las estaciones de Policía cuentan con infraestructura mínima y básica solo para la retención de personas de manera transitoria mientras se adelanta su comparecencia ante la autoridad judicial competente y, por tanto, no es posible utilizarlas como centros de reclusión para personas sindicadas o condenadas.

Las estaciones de Policía afrontan una grave crisis de hacinamiento en sus instalaciones y por consiguiente, la permanencia y convivencia diaria de reclusos en estos lugares generan riesgos de enfermedades respiratorias e infectocontagiosas, señaló el órgano de control.

Señala demás que el hacinamiento repercute de forma directa en las visitas que realizan los familiares de los reclusos y en las condiciones de aseo personal de estos, lo que genera un grado de indignidad evidente, contrariando las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

Dentro de la acción de tutela el Misterio Público invocó los derechos a la igualdad, la dignidad humana y la integridad física en conexidad con el derecho a la vida los cuales, a juicio de esta entidad, deben ser amparados.