El embajador venezolano en la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, envió al secretario general, Luis Almagro, una “nota de protesta” por actuar de manera “desmedida, ilegítima, fraudulenta y desbordada” al “persistir en sus agresiones y ataques contra Venezuela”.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las opiniones manipuladas emitidas por usted en su condición de secretario general y por su secretario jurídico, persistiendo ilegítima y fraudulentamente en sus agresiones y ataques contra Venezuela”, escribe el embajador en su misiva, con fecha del 11 de julio y a la que hoy tuvo acceso Efe.

“Usted y su equipo, en un intento desesperado por engañar a la opinión pública, vulneran permanentemente las normas procedimentales y fundacionales de la OEA y efectúan interpretaciones acomodaticias de la Carta Democrática Interamericana, alterando su espíritu, naturaleza y alcance”, agrega.

El pasado 30 de junio, el responsable de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, defendió en una entrevista con Efe que la Carta Democrática ya se está aplicando a Venezuela y que el secretario general tiene no solo legitimidad sino también obligación de atender las crisis del continente.

“La Carta está aplicándose desde el momento en el que el secretario presentó su informe al Consejo (el 23 de junio). El proceso se inició cuando se aceptó el orden del día y celebrar la reunión. Esa reunión se hizo ya en cumplimiento de la Carta”, argumentó el letrado, uno de los redactores del documento en 2001 y responsable de asuntos jurídicos en la OEA desde hace 23 años.

Almagro, en una entrevista posterior con el canal NTN24, aseguró que “la Carta está activada y en proceso de aplicación”, unas afirmaciones que Venezuela rechaza tajantemente.

“El 23 de junio el Consejo solo aprobó la presentación de su informe sobre Venezuela. Esto no llevaba implícito ninguna activación o aplicación de la Carta Democrática, ni contempló decisión alguna”, defiende en su carta el embajador venezolano en la OEA.

“Venezuela rechaza una vez más su actuación desmedida, ilegítima fraudulenta y desbordada como secretario general de esta organización, desprestigiada no solo por su accionar histórico intervencionista en la región sino también por su presente actuación, al margen absolutamente del Estado de Derecho regional. Una vez más está en curso una ofensiva contra Venezuela con el único fin de justificar su intervención”, añade.

La oposición venezolana, que solicitó a Almagro la invocación de la Carta, asegura que el proceso ya se “activó”, el verbo que más discrepancias levanta cuando se habla del proceso de la Carta Democrática.

“La palabra ‘activar’ parece más para una bomba que para una norma jurídica. Prefiero hablar de iniciar, aplicar. Hay que sacar de la cabeza a la gente que esto es activar una granada y viene la explosión”, propone el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA.

“Como el artículo 20 es para el caso en el que hay un Gobierno legítimo, se contemplan gestiones diplomáticas, no se va directo a la sanción (que podría ser la suspensión del ente) como en el caso de que no hubiera Gobierno (un golpe de Estado)”, agrega el experto.

Almagro dio un paso sin precedentes el 31 de mayo al invocar por primera vez la Carta Democrática en contra de la voluntad del Gobierno del país afectado, Venezuela, que ha llegado a acusarle de estar perpetrando “un golpe de Estado”.

El titular de la OEA invocó la Carta con base en el artículo 20, que da potestad al secretario general o a cualquier Estado miembro a convocar un Consejo Permanente para realizar una “apreciación colectiva”, cuando considere que hay “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

El Ejecutivo de Venezuela argumenta que, al existir un Gobierno legítimo en el país, Almagro no tiene autoridad para dar este paso, mientras que el responsable de Asuntos Jurídicos de la OEA asegura que sí la tiene porque el artículo 20 se redactó precisamente para el escenario de que en un país con Gobierno legítimo hubiese una “alteración del orden constitucional”.

El proceso de la Carta está ahora en el paso tercero, después de su invocación el 31 de mayo y de la reunión del informe de Almagro sobre Venezuela el 23 de junio.

Lo 34 Estados miembros evalúan si convocan un nuevo Consejo para tomar medidas concretas en la crisis venezolana, como podría ser una misión de mediación u otro tipo de gestiones diplomáticas, o si esperan a ver los frutos del proceso de diálogo en marcha en el país. Con EFE