Luego de una acostumbrada revisión con el equipo de la oficina jurídica de la Casa de Nariño, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, devolvió -sin su firma- el proyecto de Ley del Centro Democrático, aprobado en el último día de la legislatura por la Cámara de Representantes, que permitía a los colombianos utilizar sus cesantías para el pago del estudio de sus hijos ¿La razón? “Fallas de redacción y falta de claridad en los conceptos”.

Este proyecto, aprobado por el parlamento, es considerado como un ‘Titán’ para los partidos de oposición, no sólo por los benefícios que daría a quienes desean ingresar a la Universidad, sino también, por proponerlos y que estos sean aprobados por el Congreso, pues son una minoría. Lo que tomó más de dos años de debates para que pasara a sanción presidencial.

La iniciativa, del senador del Centro Democrático, Ivan Duque, buscaba que las cesantías de los padres se pudieran abonar para prepagar o pagar de forma anticipada la educación superior de hijos o dependientes, a través de las figuras de ahorro programado o seguro educativo, según la preferencia de los Colombianos, para garantizar el futuro de la educación superior de los menores. Es decir, con las cesantías ganadas, se podía ir abonando al pregrado de los hijos.

Pero, según el pliego de objeciones, la redacción del proyecto es “ambigua, carece de claridad” y genera confusión, especialmente en la definición de ‘dependientes’ por lo que es difícil la reglamentación de la ley cuando tenga que implementarse.

El mandatario pidió claridad en los conceptos y solicitó se revise con prontitud para ser sancionada.

La ley modifica el artículo 102 del Código Sustantivo del Trabajo para extender el uso de las cesantías a los descendientes del trabajador hasta el tercer grado de consanguinidad y tercero civil. Adicionalmente, estos recursos se podrán destinar para el pago de educación preescolar, educación formal y no formal.

Según el Senador Duque, la nueva ley permitiría “hacer retiros parciales de las cesantías para la adquisición de seguros educativos que permitan prefinanciar los estudios en una universidad de calidad. Es una modernización a la utilización de lo que ya permite la ley en materia de educación”.