–Diciendo y haciendo, el recién posesionado Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, comenzó su gestión presentando al Congreso de la República tres proyectos de ley para ampliar los niveles de transparencia en las actuaciones del ente acusador.

Las iniciativas fueron radicadas en la Secretaría del Senado, en presencia del presidente de la corporación, Mauricio Lizcano Arango, y de la primera vicepresidenta, Daira Galvis.

Martínez Neira explicó que el primer proyecto busca regular el régimen de impedimentos del mismo Fiscal General para aumentar la transparencia en caso de que en algún proceso que deba adelantar el despacho del jefe del ente acusador surjan impedimentos o recusaciones.

De esta forma, se la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el organismo que designara un fiscal ad hoc para que sea este quien asuma la competencia sobre ese determinado proceso.

Martínez señaló que así se desarrolla una diferencia grande con el sistema imperante en el momento, pues la norma vigente indica que cuando el Fiscal General tiene algún impedimento para actuar será el Vicefiscal General quien asuma el caso.

En el segundo caso, explicó el Fiscal General, está relacionado con la designación del Fiscal General interino en los eventos en que haya falta absoluta por haber concluido su período o por otras razones. La idea, explicó Martínez, es lograr que desaparezca el fenómeno que ha ocurrido en varias ocasiones en que se mantiene la tendencia a largos lapsos de interinidad.

Así, el proyecto de ley plantea que del presidente de la República sea la persona que inmediatamente se conozca de la falta absoluta del Fiscal designe una terna y a más tardar al día siguiente la entregue ante la Corte Suprema de Justicia para que ese organismo designe cuanto antes al nuevo fiscal general.

Por último, explicó Martínez Neira, se pretende aumentar el control del organismo que escogió al Fiscal a través de una rendición de cuentas y de la misma ciudadanía. El tercer proyecto de ley señala que “la Fiscalía no puede ser una rueda suelta frente a la Corte Suprema de Justicia y la ciudadanía”.

El articulado del proyecto muestra que el control interno de la entidad será ejercido por alguien distinto al Fiscal General, es decir, por un tercero, en un hecho que le da más autoridad a los auditores. Se pretende “transmitir un principio universal de la auditoria”, señaló Martínez, al reiterar que el jefe de la auditoría no debe depender del Fiscal.

Por esto, según lo planteado al Congreso, esta persona será nombrada directamente por la Corte Suprema de Justicia y deberá entregar a esa corporación un informe sobre las actuaciones del Fiscal General y de la misma Fiscalía.

Ese mismo articulado permitirá que se establezca como deber primordial del Fiscal General la presentación de un informe de rendición de cuentas cada año ante la Corte Suprema y por intermedio de esa entidad a la ciudadanía.