Durante una audiencia que se desarrolló en la Gobernación del Valle, y en la que el tema principal fue la situación carcelaria del país, el Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño, destacó lo importante que es para el Gobierno Nacional buscar soluciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario.

“El Gobierno entendió que había que diseñar una política criminal seria, a través de la cual se privilegiaran fundamentos democráticos como la libertad. También hemos potenciado la conformación y solidificación del Consejo Nacional de Política Criminal -encargado de direccionar la persecución contra el crimen-, y estamos trabajamos para fortalecer la resocialización como fin principal de la privación de la libertad”, dijo el alto funcionario, quien estuvo acompañado por la Gobernadora Dilian Francisca Toro y el Director General del Inpec, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón.

El jefe de la cartera de Justicia destacó el trabajo de acompañamiento y emprendimiento que en cuanto a actividades productivas se desarrolla con la población privada de la libertad, iniciativa que ha tenido una amplia acogida por parte del sector privado luego de la alianza celebrada entre los ministerios de Justicia y Comercio y la ANDI.

Londoño Ulloa también señaló que la ciudadanía debe entender que existen diferentes alternativas de pagar por un delito, tales como los brazaletes, la detención domiciliaria o la prohibición del salir del país o de la ciudad, y que todo esto hace que haya menos personas en las cárceles.

El Ministro también hizo énfasis en que el deshacinamiento no será posible simplemente construyendo cárceles. “Desde hace unos 15 años la construcción de infraestructura carcelaria ha venido bordeando el 126%, pero los internos han aumentado en 340%. Y el Valle es una de las regiones más beneficiadas con la construcción de cárceles. Por ejemplo, con una inversión de 160 mil millones de pesos se construye una en Buga para 720 internos y otra en Tuluá para 656. Se espera que puedan entregarse en diciembre, lo cual nos ayudará un poco para combatir el hacinamiento, pero esta no es la solución a un problema que nos preocupa a todos”, indicó.

Y en cuanto al trabajo cumplido para impedir que entraran en paro los guardianes del INPEC, dijo que el acuerdo firmado anoche con el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) es una importante muestra de cómo a través del diálogo se pueden solucionar los problemas. “Estuvimos reunidos con ellos y vamos a continuar tramitando ante el Ministerio de Hacienda algunos recursos para nombrar más guardianes”, afirmó.

El alto funcionario finalizó agradeciendo a la Gobernadora del Valle por la invitación y por su preocupación por el sistema penitenciario, y manifestó que las fallas y trámites de la administración ya no serán obstáculos para el otorgamiento de solicitudes de libertad.