La Procuraduría General de la Nación le presentó este viernes al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, una serie de observaciones y recomendaciones a los acuerdos para la reforma estructural del transporte de carga por carretera, suscritos en días pasados entre el Gobierno Nacional y este sector.

Algunas de estas señalan que, frente a los términos definidos para el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo, es conveniente precisar si estos son entendidos de la misma forma por ambas partes, al no haberse establecido si se trata de días calendario o días hábiles, además de que algunos de los puntos no poseen fecha definida y otros se subdividen en varias tareas con fechas distintas.

Se sugiere dar alcance a los términos establecidos en el acuerdo relacionados con la expedición de decretos y actos administrativos, ya que los allí pactados podrían no corresponder a los necesarios para la expedición de los mismos y por lo tanto se llegaría a considerar que el Gobierno Nacional no está dando cumplimiento de lo acordado.

La renovación del parque automotor de carga por carretera bajo el sistema 1 a 1 debe contar con una metodología específica para todo el proceso, definiendo la cantidad de vehículos a chatarrizar de conformidad con los recursos disponibles, los criterios de selección que permitan orientar los recursos a los pequeños transportadores, así como los medios de control que contribuyan a garantizar la transparencia del proceso buscando evitar cualquier hecho de corrupción.

La Procuraduría recomendó generar mecanismos de control que fortalezcan el sistema RUNT, a fin garantizar la idoneidad, calidad y veracidad de la información contenida; definir un plan de trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo para la realización de la actividad de inspección, vigilancia y control orientada a la formalización laboral y a las garantías para el sector transportador de carga; que se dimensione el impacto ambiental, tecnológico, económico y de seguridad vial, frente al hecho de no establecer vida útil para los vehículos de transporte terrestre automotor de carga; y que se cuente con parámetros que permitan determinar las condiciones bajo las cuales se manejaría la actualización de los vehículos de carga y el límite por obsolescencia que debe incentivar a la renovación de este parque automotor.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, realizará un seguimiento a los puntos acordados mediante reuniones mensuales, en las cuales se solicita al Ministerio de Transporte presentar un informe junto con los soportes de los avances efectuados de conformidad con lo concertado en la reunión del pasado 2 de agosto con el viceministro de Transporte y sus funcionarios.