Este martes, el movimiento Centro Democrático, con el senador Orlando Castañeda, aseguró que la ministra de Educación, Gina Parody, contrató con Colombia Diversa y con otras 4 firmas, las cartillas para la educación sexual en los colegios del país, que han causado revuelo nacional.

El senador también manifestó que el valor pagado por el Mineducación fue cercano a los $1.600 millones de pesos. Además informó que los documentos que se han expedido para la modificación los manuales de convivencia escolar en los colegios de Colombia, se diseñaron excediendo la competencia del ministerio y en una completa mala interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional T-478/2015.

Según señaló el senador, el contrato se utilizó para la elaboración del documento de nombre ‘ambientes escolares libres de discriminación’, “donde se fomenta la deconstrucción de la enseñanza, y se le dice a los niños que no se nace siendo hombre, ni mujer”.

Y agregó Castañeda que “El documento fue publicado sin permiso según la ministra (Parody), pero fue el resultado del contrato que el Ministerio mismo firmó, es decir, el documento si existe y ellos lo produjeron”.

Denunció el senador que se trató de una contratación directa, con número 753 de marzo de 2016, con 4 entidades, que dio a conocer como Proyecto Colombia Diversa, Comitato Internazionale Per Lo Swifluppo Dei Popoli Cisp, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Castañeda se preguntó: “¿Cuál era el objetivo de una inversión de ese nivel, sólo asesoría?, ¿Por qué no se le dio participación dentro del contrato, a representantes de los demás actores de la Comunidad Educativa?”.

Y agregó que la página 22, literal 5, del documento, según el Centro Democrático, señala que el objetivo del contrato era un “Documento de diseño de una estrategia de orientación técnica dirigida a rectores y miembros de la secretaria de educación certificadas”.

Y puntualizó: “cómo ajustar manuales de convivencia en un marco de competencias ciudadanas con un enfoque de género y no garantes del respeto por las orientaciones sexuales no hegemónicas”, que según denuncian, excedió las competencias de la ministra de Educación.