Así lo anunció este jueves la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, que publicó un informe donde destaca que cumplidos cinco años desde la implementación de la misma y con datos correspondientes al período 2015 – 2016 según la comisión, existen falencias en la ejecución de la norma.

“La ley se quedó corta en cuanto a las metas trazadoras para la atención, asistencia y reparación de las víctimas”, según dicha comisión, que está conformada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y tres representantes de víctimas.

La comisión también aseguró que la afirmación se sustenta, entre otros temas, por la dificultad de garantizar la atención y reparación a las más de ocho millones de víctimas del conflicto armado en el país.

Este último informe presenta el desfinanciamiento de la ley, como uno de los puntos álgidos, y en ese sentido, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que se tienen destinados $12 billones para el 2017 para víctimas del conflicto, que serán repartidos en inversión, educación para víctimas y sus familias, salud, reparación y para el funcionamiento del sistema de víctimas.

Sin embargo, la comisión encontró dificultades en la cobertura a toda las víctimas, por ejemplo: “la focalización y regionalización de los recursos efectuada por el Ministerio del Trabajo en los programas de emprendimiento y formación para el trabajo, la cobertura para la vigencia 2016 de las necesidades identificadas en esta materia es tan solo del 0,91% y 2,46% respectivamente”, según la Defensoría.

Para la entidad, tampoco se ha logrado estabilizar la situación socioeconómica de la población desplazada de zonas rurales, y recordó que la ley no solo pretende garantizar los derechos de las víctimas, sino “evitar nuevos desplazamientos masivos a las ciudades”.

También hubo una crítica de la comisión porque se siguen presentando vulneraciones de los derechos de las víctimas, sin que haya claridad en el avance del proceso de restitución de tierras.

Esto sumado a la falta de interés de entidades territoriales y a que las víctimas no han encontrado espacios para participar en “formulación, diseño e implementación de la política pública tendiente a su atención y reparación integral”, puntualizó la Defensoría.