El Concejal del Partido Alianza Verde Jorge Torres denunció que en medio de la grave crisis humanitaria que se encuentran los habitantes de calle, tras la intervención de El Bronx, se tendrán menos recursos este año para atenderlos.

El Concejal Torres dijo que resulta indignante que el proyecto de armonización presupuestal que propone la administración distrital reduzca los recursos para la prevención del consumo problemático de drogas y la delincuencia en jóvenes.

En 5.000 millones de pesos se vería reducido el presupuesto del Instituto para la protección de la niñez y la adolescencia (Idiprón) por cuenta del proyecto de armonización presupuestal que, por iniciativa de la administración distrital, está en manos del Concejo de Bogotá. Para el Concejal Jorge Torres del partido Alianza Verde, este ajuste, sin embargo, no se compadece con la crisis actual que enfrenta la ciudad para enfrentar el fenómeno de habitantes de calle, que por el contrario urge mayores incrementos en el presupuesto de aquellas entidades que atienden directamente a estas personas en aras de su rehabilitación como ciudadanos integrales y su reincorporación en la sociedad.

El Concejal del Partido Alianza Verde Jorge Torres, afirma que esa reducción de recursos afectará el presupuesto 2016 del programa “Distrito Joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados” del actual plan de desarrollo, cuyo monto asciende casi a 37 mil millones de pesos ($36.986.707.418). Una disminución de 5.000 millones implicaría la pérdida del 13,51% del presupuesto para dicho programa.

Es una señal desafortunada para los jóvenes vulnerables de la ciudad, y un nuevo impacto sobre el Idiprón, entidad que apenas quedó con 352.333 millones de pesos de inversión en el plan de desarrollo 2016-2020.
Vale la pena recordar que la administración pasada invirtió 125.789 millones de pesos sólo para la vigencia 2015.

La administración distrital plantea esta propuesta pensando en desmontar la asistencia financiera que heredó del programa Jóvenes en paz de la administración Petro.

Dicho programa pretendió re-vincular 10.000 jóvenes al proceso formativo, garantizando el acceso a la educación básica y media, técnica o tecnológica, acompañado de actividades de campo productivas, también llamadas “actividades extramurales”, así como acompañamiento psicosocial. Además, y en aras de garantizar la permanencia de los jóvenes en el programa, el Idiprón entregaba un subsidio de 30.000 pesos diarios, en la medida en que el joven asistiera los 6 días de la semana (3 para estudiar y 3 para trabajar). Este subsidio será eliminado por la actual administración.

El programa tuvo enormes retrasos en su ejecución presupuestal debido al desorden administrativo, y sólo alcanzó a atender 6.164 jóvenes a 31 de diciembre de 2015, con una inversión de 9.457.571 de pesos anuales por beneficiario, incluso por encima de la matrícula de un estudiante de un colegio distrital o uno en la Universidad Distrital. En esa medida, la administración distrital cuenta con elementos suficientes para pensar en una política más sólida para atender a los jóvenes, pero no está justificada para dejar sin recursos a jóvenes en riesgo que necesitan de oportunidades para dejar de transitar en el filo del camino entre la legalidad y la ilegalidad. Según el último estudio de jóvenes, adelantado por el Idiprón durante el año 2014, 410.769 jóvenes ni estudian ni trabajan.

Resulta todavía más indignante el hecho de que la administración tome esta decisión en el marco de una situación delicada tras la intervención del Bronx en el mes de mayo pasado. No olvidemos que muchos de los habitantes de calles que hoy se atomizan por las calles de la ciudad son jóvenes arrojados a las manos de la delincuencia y las drogas, y aún no hallan salida a una vida que día a día se expone a la explotación, la violencia y las condiciones indignas.

Este llamado de atención no busca oponerse a la posibilidad de aumentar los recursos del programa de atención a la vejez del gobierno actual. En efecto, el proyecto presentado por la administración plantea el traslado de los recursos del Idiprón a la secretaría de integración para dicho fin. El programa mencionado cuenta actualmente con $35.488.767.617. Pero la administración sólo señala en la exposición de motivos del proyecto que esta programación presupuestal “no es suficiente para cumplir con las actividades programadas” sin añadir argumento alguno que explique esta aseveración. Mientras tanto, la demanda de atención para los habitantes de calle es concreta y tangible.

Los recursos aún no han sido trasladados, pero hacemos un llamado enérgico a la administración distrital: no es coherente intervenir las ollas de droga de la ciudad y, al tiempo, dejar sin dientes a las entidades que atienden a los habitantes de calle. Debemos honrar la memoria del trabajo del padre Javier de Nicoló.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y ante la vulnerabilidad sanitaria, alimentaria y de bienestar en general en que se encuentran los habitantes de calle en la ciudad, la administración debería considerar una posible declaración de un estado de emergencia en Bogotá, actuando con las facultades otorgadas por el numeral 18 del artículo 38 del Estatuto Orgánico de Bogotá.