La afirmación fue de Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, quien dejó claro este viernes que aquellos empresarios que por coacción, extorsión o chantaje, ayudaron con la financiación del conflicto armado en Colombia, no deberán comparecer de manera obligatoria ante la justicia ordinaria ni ante la jurisdicción especial para la paz.

El Fiscal señaló que: “Frente a las distintas versiones que manifiestan que (los empresarios) deben comparecer obligatoriamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, hay que decir que el propio acuerdo especial expresamente reconoce que los terceros que colaboraron en el financiamiento pero fueron por motivos de coacción no son objeto de la competencia del Tribunal Especial”.

También indicó que la situación judicial es distinta para los terceros que de manera voluntaria hayan cooperado mediante el financiamiento u otras maneras de colaboración con organizaciones criminales, estas sí deberán responder frente a la justicia colombiana.

Y agregó que: “La Fiscalía General en algunos contados casos en los que existe plena evidencia de una cooperación voluntaria le ha puesto en el curso de los últimos días el acelerador a esas investigaciones”.

El fiscal general insistió que la entidad tiene evidencia de la existencia de patrimonio ilícito de las Farc en el exterior.