La denuncia la hizo el concejal de Bogotá Juan Carlos Flórez, tras declarar que tres de las sedes que tiene el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Idipron, usadas para atender a habitantes de calle en las afueras de Bogotá, se encuentran cerradas.

Flórez mencionó que las Unidades de protección ‘El Cairo’, ‘El Cuja’ y ‘El Edén’, son las sedes del Idipron que por el momento no están en operación.

El Concejal señaló que: “Casi todos los centros o Unidades de Apoyo Rural que tiene el Idipron en las afueras de Bogotá con las mejores condiciones están desocupados. La administración tiene instrumentos para rescatar a los habitantes de calle de las garras de las mafias”.

Y agregó que: “es muy importante recuperar un sistema de trabajo que se tenía en la ciudad, el cual se desmanteló bajo la alcaldía de Samuel Moreno cuando echaron al padre Javier de Nicoló”.

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional indicó en la Sentencia T-684 de 2002, que “una persona enferma, con capacidades físicas o mentales disminuidas por factores personales o externos, sin pleno uso de sus funciones y, por lo tanto, sin posibilidad de valerse por sí misma, es una persona con menos autonomía. Para recuperar sus capacidades generalmente requiere de atención y protección, temporal o definitiva, bien sea por parte de la familia, de la comunidad o del Estado”.

Flórez dijo que: “No podemos quedarnos cruzados de brazos, la administración no está maniatada para atender habitantes de calle, en virtud del principio de solidaridad puede hacerlo”.

Y propuso que estos pueden operar y así las personas que quieran puedan rehabilitarse.