La oposición venezolana busca rearmar su estrategia de presión para insistir en la realización de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en 2016, pese a que el poder electoral sepultó su intención de sacarlo este año del poder mediante esa vía.
La coalición opositora convocó a una reunión el domingo a sus coordinadores en todo el país, para definir las acciones legales y de protesta frente al anuncio hecho el miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de que la consulta se efectuaría “a mediados del primer trimestre de 2017”.
“El lunes todo este esfuerzo va a confluir en un acto donde vamos a dar a conocer la ruta definitiva, el camino crítico del pueblo venezolano, ante los anuncios hechos por el CNE”, aseguró en rueda de prensa el vocero de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
La fecha dada por el órgano electoral, al que la MUD acusa de servir al chavismo, imposibilita un cambio de gobierno. La ley estipula que, para que haya nuevas elecciones, el referendo debe realizarse antes del inicio del cuarto año de mandato, que Maduro cumplirá el 10 de enero de 2017.
La oposición considera que el referendo es una “válvula de escape” al enorme malestar popular por la crisis económica, con una agobiante escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula en un 720% para este año.
Maduro, quien este jueves debía intervenir en la Asamblea General de la ONU -en su lugar envió a la canciller Delcy Rodríguez-, aún no reacciona al anuncio del CNE. Pero el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, celebró con ironía: “¡No te vistas, que no vas!”.
“Ahora es un hecho cierto lo que siempre dijimos, que era absolutamente imposible en 2016. Le mintieron a sus seguidores”, declaró el dirigente chavista Jorge Rodríguez, quien agregó que es posible que tampoco se realice en 2017.
“El revocatorio va a ser en 2016 por la lucha del pueblo venezolano. Vamos a estar claros: ustedes no tienen ni respaldo nacional ni apoyo internacional”, le respondió Torrealba.
Cuesta arriba
Pero aún falta una etapa antes de ir a referendo. El CNE estableció que la recolección de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para llamar a la consulta, será del 26 al 28 de octubre, bajo condiciones que la MUD considera “inconstitucionales”.
El CNE decidió que el 20% corresponda al registro electoral de cada estado, y no a nivel nacional, lo que pone las cosas cuesta arriba para la MUD pues un solo estado que no logre el mínimo de firmas invalidará el proceso.
“Eso no es que es absurdo, sino que la Constitución dice claramente que es nacional”, afirmó la analista Colette Capriles.
Además, el CNE aprobó 5.392 máquinas de registro de firmas y huellas para esa etapa en función de cuatro millones de personas, mientras la MUD pedía 19.500 para los 19 millones de electores venezolanos, esperando un masivo apoyo, que incluso sobrepase los 7,5 millones de votos requeridos para revocar a Maduro.
“El CNE aprobó las peores condiciones posibles para el 20%. El sesgo político de la decisión es innegable”, consideró el experto en asuntos electorales Eugenio Martínez.
Los peligros se aceleran
Para Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis, “todos los peligros se aceleran porque se bloquea a las mayorías” y los riesgos de “conflicto aumentan”.
“El peligro más grave es que la oposición se fracture frente a la decisión de qué hacer”, pero también “puede desatar los monstruos internos dentro del chavismo y dividir el sector militar”, aseguró.
Francine Jácome, directora del Instituto de Estudios Sociales y Políticos, coincidió en que “el gobierno busca dividir a la MUD y generar focos de violencia” que llevarían a “mayor represión y paralización del proceso revocatorio”.
Para los analistas, la recolección de firmas sería de por sí un referendo. Ocho de cada 10 venezolanos, según Datanálisis, quiere cambiar al gobierno. Pero es posible el desánimo de la gente y el desgaste de la oposición.
“Es muy difícil que la gente firme y vote si sabe que quedará el mismo gobierno. Aunque todo dependerá de cómo se deteriore la situación”, aseguró Martínez.
Si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, el mandato lo concluirá su vicepresidente, que actualmente es Aristóbulo Istúriz.
La MUD ha intentado mantener movilizados a sus partidarios, pero esa estrategia ha perdido impulso tras la marcha multitudinaria del 1 de septiembre en Caracas.
“El gobierno busca desmotivar, pero podría tener el efecto contrario ante la indignación”, aseguró Jácome.
En este panorama, los analistas advierten que un empeoramiento de la crisis económica en 2017 podría ser leña al fuego para un estallido social. Con AFP