–La Fiscalía General de la Nación notificó este viernes la continuación de los procesos de extinción de dominio de bienes valorados en más de 3 mil 500 millones de pesos, que están en poder de familiares de los cabecillas del Grupo Nule, responsables del llamado «carrusel de contratos», a través del cual saquearon a Bogotá.

El organismo investigador reactivó los procesos al revocar «la decisión sobre improcedencia extraordinaria» que produjo el 3 de diciembre de 2015 y el 23 de febrero de 2016.

Al respecto, en el comunicado señala que determinó revocar la medida totalmente el martes 20 de septiembre, puesto que «no se encontró que hubiera certeza sobre la procedencia lícita de los bienes cuestionados», los cuales se encuentran radicados en cabeza de sus familiares, particularmente, esposas e hijos de los hermanos y primos Nule.

En su informe, la fiscalía recuerda que el 1 de junio de 2012 el país conoció públicamente la condena emitida por el Tribunal Superior de Bogotá contra Manuel Francisco Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino, Miguel Eduardo Nule Velilla y Mauricio Galofre Amín, por el famoso “carrusel de la contratación” en Bogotá y, especialmente, por la defraudación en los contratos de la calle 26.

Agrega que paralelamente, por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación inició acción de extinción de dominio para recuperar todos los bienes que fueron obtenidos por parte de estas personas a través de los dineros apropiados en la ejecución de esos contratos.

Subraya que «después de estudiar detenida y cuidadosamente la providencia, el Despacho de la Vicefiscal General de la Nación, a quien le correspondió revisarla en grado de consulta, el martes 20 de septiembre decidió revocarla totalmente, puesto que no se encontró que hubiera certeza sobre la procedencia lícita de los bienes cuestionados».

El valor conjunto de los bienes que estaban en cabeza de estas personas y sobre los cuales se pretendía terminar la acción de extinción de dominio, es superior a los tres mil quinientos millones de pesos ($3.500’000.000).

Finalmente advierte que «la Fiscalía General de la Nación no está dispuesta a ceder espacio ante quienes enriquecen sus arcas defraudando el erario. Continuaremos con el proceso de extinción de dominio hasta que sea posible recuperar todos los dineros y el erario, así como los bienes que se adquirieron producto de actividades delictivas».