–“El referendum revocatorio pertenece a la gente, y al Consejo Nacional Electoral le corresponde asegurar las garantías para la libre expresión del pueblo, en lugar de cercenar y pretender anular sus derechos”, aseguró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al cuestionar los obstáculos que está imponiendo ese tribunal para el referendo revocatorio promovido por la oposición.

Almagro aseguró este viernes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela está “obstaculizando un derecho constitucional y actuando con un claro sesgo político” al anunciar las normas y el cronograma que regirán el proceso para el referéndum revocatorio solicitado por la oposición, al tiempo que exigió su realización en 2016.

El secretario general de la OEA aseguró que las fechas anunciadas por el CNE constituyen “una maniobra más para dilatar el proceso e impedir que el referéndum revocatorio se haga realidad este año. No es posible que se sigan violando los plazos constitucionales, no es posible que se siga manipulando la voluntad de los electores, es totalmente inadmisible que se pretenda recortar los derechos civiles y políticos a través de interpretaciones tendenciosas por parte del CNE”.

Para el líder de la OEA, además, el CNE “cambió arbitrariamente y con manifiesta intencionalidad las reglas del juego” al determinar que la recolección del 20 por ciento de las firmas necesarias para convocar el referéndum se realice por estados, en lugar de a nivel nacional: “Los organismos electorales no existen para desvirtuar la democracia y actuar al servicio del gobierno de turno; es su naturaleza y su obligación la de cumplir como vehículos de afianzamiento de la voluntad de la gente”, reafirmó.

En efecto, en el revocatorio contra el entonces presidente Chávez en 2004, bajo la misma Ley, la recolección del 20 por ciento de las firmas se hizo a nivel nacional, lo que tiene pleno sentido, dado que el cargo en cuestión es el de Presidente de la República, un cargo nacional.

“La Presidenta del CNE Tibisay Lucena y las rectoras Sandra Oblitas, Socorro Elizabeth Hernández y Tania D’Amelio dan muestra de una elevada impericia técnica impropia de la responsabilidad que deben cumplir. Su papel es el de asegurar que el 100% del padrón electoral venezolano esté en condiciones de firmar, si así lo desea, no el de certificar la erradicación de los derechos de las personas”, añadió Almagro.

“Se requiere imperiosamente asegurar el número de máquinas necesario en la totalidad de los distritos para atender a los más de 19 millones de electores venezolanos y realizar una distribución distrital adecuada y justa que no favorezca descaradamente la posición del gobierno. Esta decisión es anticonstitucional, viola el espíritu mismo del revocatorio y pretende llevarse por delante el último atisbo de esperanza democrática en Venezuela”, explicó Almagro.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reitera el llamado urgente al respeto de la institucionalidad democrática y de los derechos, a la vez que recuerda una vez más lo establecido en el párrafo 1, artículo Primero de la Carta Democrática Interamericana: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. El derecho es de los pueblos y la obligación de asegurar ese derecho es del Gobierno”, indicó.

Es hoy imperiosa la observación internacional en este proceso para evitar ulteriores violaciones a ese derecho, concluyó Almagro.