¿Saben los legisladores estadounidenses lo que votan o es la angustia de la reelección la que nubla su juicio? Estas son dos de la preguntas que asaltan tras la aprobación de una legislación que consagra el principio de justicia universal y del que los congresistas se arrepintieron en apenas minutos.

En concreto, fue una media hora lo que tardaron senadores y congresistas estadounidenses en pasar de las celebraciones por conseguir una mayoría bipartidista no vista en años para revocar un veto presidencial a expresar sus dudas por la llamada Ley de Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo, que permite demandar a Arabia Saudí en tribunales estadounidenses.

El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, salió a los pasillos del Capitolio a lamentar las “ramificaciones” de la ley que había votado horas antes y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, prometía a las víctimas su “día en los tribunales”, pero con una ley que garantizara que los militares estadounidenses no son inundados con demandas por todo el mundo.

La ley, que se debatía en el convulso período electoral, había sido producto del levantamiento del secreto sobre 28 páginas de informe de los atentado del 11 de septiembre de 2001 que demostraba conexiones indirectas con miembros de la familia real saudí y la red de financiación de los terroristas implicados.

La legislación permite por primera vez demandar en tribunales estadounidenses a un país que no es considerado por la Casa Blanca patrocinador del terrorismo.

Lo que era un tema que siempre paga réditos políticos en Estados Unidos -ayudar a las familias de las víctimas de los brutales atentados del 11S- se ha convertido en la primera vez que Estados Unidos ampara la posibilidad de demandar a funcionarios de un país extranjero en otro país, un principio conocido como justicia universal, y al que Washington se ha opuesto insistentemente.

La tramitación hizo historia también porque fue la primera vez en los casi ochos años de mandato de Barack Obama que el Congreso consiguió votos suficientes para invalidar el poder de veto del presidente, que llevaba meses avisando que con esta ley se ampararían por reciprocidad demandas a militares o funcionarios estadounidenses en todo el mundo.

“Pongamos que Siria decide demandar a EE.UU. por apoyar a los rebeldes moderados, que Damasco considera terroristas. Eso no importaría mucho porque hay pocos intereses estadounidenses expuestos en Siria, pero las consecuencias serían impredecibles si eso pasara en Egipto o Arabia Saudí”, reflexionaba esta semana el profesor de derecho de la Universidad de Texas Stephen Vladeck.

Como ya había avisado insistentemente la Casa Blanca al tiempo que amenazaba al Congreso con el veto, la ley permitiría demandar a, por ejemplo, militares estadounidenses en tribunales extranjeros, como lo que intentó la familia del periodista español José Couso en España para procesar a los militares que dispararon el obús que acabó con la vida del camarógrafo en Bagdad en 2003.

Ante este panorama, el dulce momento que significaba obtener la primera supermayoría del mandato de Obama dio paso a la amarga realidad, aparentemente ignorada por decenas de senadores y congresistas, de que la ley no era un mero guiño a las víctimas del 11S, sino la aceptación de la justicia universal.

“Lo que es cierto en la escuela elemental es cierto en el Congreso de Estados Unidos, la ignorancia no es una excusa, particularmente cuando se trata de seguridad nacional y la seguridad de nuestros diplomáticos y militares”, explicó este jueves visiblemente enfadado el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

Earnest tachó de “vergonzoso” el comportamiento de un tercio del Senado que lamentó el mismo día de la aprobación las “consecuencias no intencionadas de la ley” o de los miembros de la Cámara baja que lamentaron casi de manera inmediata el “sí” que dieron.

La razón dada por los legisladores no pudo ser más propia del burocrático Washington: la Casa Blanca no hizo el suficiente cabildeo para explicar las ramificaciones de la ley a los asistentes de los ocupados senadores, muchos de los cuales se juegan la reelección en las elecciones del 8 de noviembre.

La receta para enmendar el entuerto fue también un clásico de la capital estadounidense: la modificación o muerte de la ley durante la llamada “sesión del pato cojo” tras las elecciones del 8 de noviembre y ante la renovación del Ejecutivo y el Legislativo, cuando sus señorías saben si mantendrán el escaño unos años más. Con EFE