El sector edificador comparte el objetivo de contar con un sistema tributario moderno y que incentive la inversión. Es evidente que la estabilidad macroeconómica depende de unas finanzas públicas sanas y de un contexto de sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, reconocemos que el país debe preservar su grado de inversión e incentivar un entorno favorable para las iniciativas de las empresas locales.

Sin embargo, como sector edificador debemos advertir que algunos puntos abordados en el texto de Proyecto de Reforma Tributaria presentado por el Gobierno ante el Congreso de la República, incluyen cambios y medidas que podrían afectar la dinámica del sector constructor e impactar la economía del país.

Una de las medidas sobre la que queremos llamar la atención es la eliminación de la exención del impuesto de renta derivada de la enajenación de Vivienda de Interés Social (VIS). En esta materia la presidente de Camacol, Sandra Forero Ramirez, afirmó que “eliminar este beneficio haría nula la posibilidad de ofertar nuevos proyectos de vivienda social y afectaría profundamente la ejecución de los programas de política pública, caso en el cual 230 mil subsidios estarían en riesgo de perderse. Esto corresponde al 77% de los recursos que ha dispuesto el Gobierno para fortalecer la política integral de vivienda.”

Eliminar está exención sin tener en cuenta el carácter meritorio de la vivienda como bien social, sus positivas externalidades y los efectos redistributivos sobre la población, sería, además de un retroceso para el país en materia social y económica, una contradicción con la política de vivienda y los avances de los últimos años.

Lo anterior sumado a que hoy en día la vivienda social mueve inversiones anuales por $4.8 billones de los hogares de menores ingresos (0.6% del PIB), y su construcción genera cerca de 337 mil empleos al año.