A través de una carta dirigida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza de María Claudia Lacouture, y al presidente de la República, Juan Manuel Santos, representantes de pequeñas y medianas empresas productoras de calzado y confecciones del país, solicitaron que se prorrogue -por un término de dos años- el arancel mixto establecido para las importaciones desde Panamá.

Se trata del decreto 1229 de 2016 sancionado por el Presidente de la República Juan Manuel Santos, el cual contempla que el pago del arancel por parte de empresas extranjeras o nacionales que importen productos al país, se elimina a partir del próximo 1 de noviembre de este año.

Lo anterior según las agremiaciones, causa un enorme perjuicio a la comercialización de los productos colombianos, pues la eliminación del tributo, podría obligar a los pequeños productores colombianos a incrementar hasta en un 30% los costos, los cuales, serían trasladados a los consumidores, por lo que –añaden- se estaría violando la libre competencia comercial.

Esta importante medida de protección, que han calificado de positiva para los productores colombianos, es la respuesta a las declaraciones dadas por la Ministra sobre acatar el fallo de la Organización Mundial del Comercio que desmonta el arancel y desprende la intención de dar por terminada esta importante medida de protección.

“Usted sostuvo que va “a cumplir todo el fallo como está establecido, con los tiempos fijados”, lo cual significa que el arancel mixto con Panamá desaparecerá porque supera los topes admitidos por esa entidad, que son de 35 y 40 por ciento para calzado y confecciones respectivamente. Mantener el arancel mixto con Panamá solo hasta el primero de noviembre, permite concluir que el propósito del Gobierno Nacional es desmontarlo definitivamente, en aplicación de una política del Gobierno contraria a los intereses de los productores nacionales de calzado y confecciones”.

Y agregan que “antes de tomar decisiones sobre la permanencia del arancel, es fundamental analizar el efecto positivo que este ha tenido”.

Según cifras entregadas por las agremiaciones, el 30% de las importaciones desde Panamá, han sido reemplazadas por producción y trabajo nacional. Según la Cámara Colombiana de las Confecciones, “en el 2012, antes del decreto, se importaban 75.000 toneladas de ropa, en el 2015, la cifra fue de 51.000 toneladas, lo cual significa que 24.000 toneladas están siendo abastecidas con producción nacional, en un sector que genera 1`300.000 empleos”.

En el calzado, Panamá ocupa hoy el primer lugar de procedencia de las importaciones del sector. Del total de las importaciones, el 45% lo hace con precios por debajo de los costos de producción nacionales y el 30% de los pares ingresan a menos de un dólar. No hay duda de que el arancel viene cumpliendo un papel clave de protección a la producción y el trabajo colombianos.

Por otra parte, aseguran que “no existe evidencia de que los problemas comerciales relacionados con lavado de activos, contrabando técnico y competencia desleal con Panamá vayan a resolverse antes del primero de noviembre de 2016, por lo tanto insistimos en que el decreto 1229 de 2016 se prorrogue mínimo por dos años, tiempo que consideramos prudente para que Panamá demuestre que ha corregido definitivamente sus prácticas comerciales desleales.

Finalmente hacen un llamado al Gobierno Nacional a “demostrar una real voluntad de apoyar a las industrias que pueden verse afectadas”.

Las asociaciones, ACOPI Bogotá – Cundinamarca junto con ProIndustria, Comercio Unido de San Victorino, El Gran San, la Cámara del Calzado, ANSECALZ, ASOINDUCALZ, C-CUBO, FINCOLCA, ASOPROCAL, piden al presidente concertar una reunión a la mayor brevedad, para explicar los alcances de la medida, considera como impopular.