La organización Women’s Link Worldwide viaja a La Habana como parte de una amplia delegación de personas y organizaciones de la sociedad civil que coinciden en exigir que se llegue pronto a un acuerdo en el que se mantengan, como mínimo, los derechos de las víctimas y que pueden ser mejorados en la renegociación pero “nunca rebajados”. Para ello, pide que se cree una Jurisdicción Especial para la Paz, que juzgue crímenes contra las mujeres, cometidos por los guerrilleros de las Farc, en ocasión del conflicto armado en Colombia.

“La Jurisdicción Especial para la Paz contempla garantías específicas para que las mujeres y niñas accedan a la verdad plena, a la justicia y a la reparación por los crímenes que sufrieron. Vamos a La Habana a defender esas garantías porque estamos convencidas de que solo de esta manera podremos construir una paz estable y duradera”, asegura María Alejandra Cárdenas, Directora Legal Regional de Women’s Link Worldwide, quien viajó hoy como parte de la delegación de sociedad civil, en representación de las mujeres.

Para esta organización internacional de derechos humanos, las medidas que fueron adoptadas en el Acuerdo Final para garantizar los derechos de las mujeres y evitar la impunidad que actualmente impera frente a los crímenes cometidos contra ellas, en el conflicto armado, son las que deben mantenerse.

“El acuerdo final reconoció que los crímenes contra las mujeres son graves y por ello debe dárseles prioridad en la investigación. No pueden dejarse de lado como ha ocurrido en otras negociaciones de paz. Así mismo, deben mantenerse tanto el equipo especial de investigación en violencia sexual, que ni la Fiscalía ni Justicia y Paz tienen actualmente, y el grupo de trabajo en género dentro de la Comisión de la Verdad. Solo así será posible alcanzar la verdad, la justicia y la reparación que las mujeres reclamamos”, puntualizó Cárdenas.

Para la organización internacional de derechos humanos, no se debe permitir que, en la búsqueda de un consenso nacional para la terminación del conflicto, se afecten derechos fundamentales que no fueron ni podrían ser materia de negociación por estar contenidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Colombia. Esto equivaldría a una modificación velada e inconstitucional de la Carta Política.