Fue la Contraloría General la entidad que determinó que en la subasta de vehículos de propiedad del Senado se produjo un detrimento patrimonial del orden de $1.765 millones por cuenta del menor valor que se dio en el contrato suscrito por la Comercializadora Nave LTDA.

Para la Contraloría, se presentó una valoración errónea, con diferencias entre las características de los bienes subastados y las que están en los certificados de tradición, que hacen relación con línea, modelo y cilindraje de los automotores.

Según el ente de control, se aplicaron de manera incorrecta los valores de las tablas emitidas por el Ministerio de Transporte,a a las que no se les incrementó el 10% al precio en los vehículos que eran blindados y se ejecutaron además descuentos por conceptos que no correspondían.

La Contraloría señala en un comunicado que: “Entre ellos ‘descuento por vicios ocultos’, pese a que los bienes se venderían ‘en el estado en que se encuentran’, y ‘otros descuentos’, que incluyen ‘logística de retiro, tiempos de entrega, tiempos de reventa y fluctuación del mercado’”.

También se detectaron inconsistencias en los procesos de baja y enajenación de carros y motocicletas, por ejemplo, se adelantaron fuera de los términos establecidos por la ley, por lo que existen vehículos que fueron adjudicados, pero que todavía figuran como propiedad del Senado de la República.

Al respecto la Contraloría expresó que: “Algunos de estos vehículos se traspasaron a nombre de persona indeterminada, y otros en favor de beneficiarios diferentes a los adjudicatarios reales de las subastas”.

Y agrega que sólo en algunos casos se tramitaron los permisos para el uso de blindaje ante las entidades correspondientes, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por lo que en el resto se hizo la entrega del vehículo sin la certificaciones.

La Contraloría concluyó que: “Se verificó que existían vehículos blindados de propiedad del Senado de la República que nunca tramitaron el correspondiente permiso ante la citada Superintendencia”.