En lo que va corrido del año se han logrado conciliar en el país casi 37 mil casos relacionados con la Ley de Insolvencia, mecanismo alternativo de solución de conflictos que busca evitar que las personas naturales no comerciantes lleguen a procesos de ejecución por parte de sus acreedores.

Así se dio a conocer durante el II Congreso Nacional de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante, organizado en Bogotá por la Fundación Liborio Mejía y apoyado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Universidad Pontificia Bolivariana.
Dichas conciliaciones que ascienden a los 74 mil millones de pesos, destacan la efectividad de la ley que permite negociar con sus acreedores a las personas con problemas para pagar sus obligaciones, a través de las notarías del lugar del domicilio del deudor o de los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de justicia y del Derecho.

Una persona natural puede acceder a este mecanismo cuando no ha podido cancelar dos o más compromisos después de 90 días, o tenga una o más demandas en su contra por este motivo. El hecho de que una persona se acoja a esta ley no implica la cesación o condonación de sus deudas, pues lo que se busca es llegar a un acuerdo conciliado en el marco de sus actuales posibilidades económicas.
Lo que se solicita para lograr tal beneficio es establecer un plan de pagos a los acreedores y entregar una lista de los bienes o entradas, que demuestre que la persona podrá responder por sus compromisos.
Es importante recalcar que quien se beneficie de la Ley de Insolvencia no podrá volver a acogerse a ella dentro de los seis años siguientes a partir de la fecha del cumplimiento total de un acuerdo, algo que se identifica claramente con la idea de no alentar la cultura del no pago.

En conjunto con las instituciones encargadas de desarrollar este mecanismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha venido adelantando planes de fortalecimiento relacionados con el conocimiento y estandarización de los procesos, y con la expansión de sus centros autorizados. Esto con el fin de lograr que cada solicitud atendida termine en un acta de conciliación que beneficie a las partes.