— Las autoridades colombianas deberían asegurar que los generales y coroneles contra quienes haya evidencias creíbles de que han participado en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos no sean ascendidos en la actual ronda de ascensos, señaló este jueves Human Rights Watch.

“Considerando la gravedad de los casos de ‘falsos positivos’ y las evidencias en contra de estos militares, ascenderlos antes de que concluyan los procesos penales transmitiría el mensaje de que las autoridades colombianas no tienen un compromiso serio de garantizar que haya justicia por estos aberrantes delitos”, precisó en un comunicado el director de la ONG para las Américas José Miguel Vivanco.

En el documento, afirma que el 10 de octubre de 2016, el Ministerio de Defensa divulgó las hojas de vida de los miembros de la Fuerza Pública que tiene previsto ascender y advierte que entre ellos, están incluidos por lo menos cinco generales o coroneles sobre quienes Human Rights Watch ha identificado evidencias creíbles y convincentes de que estarían implicados en casos de “falsos positivos”.

Recuerda HRW que entre 2002 y 2008, brigadas del ejército colombiano ejecutaron de forma sistemática a civiles para incrementar el número de bajas reportadas en combate, en lo que se conoció como casos de “falsos positivos”. Una Comisión del Senado estará a cargo de evaluar los ascensos.

“El Senado colombiano debería examinar las hojas de vida cuidadosamente y rechazar los ascensos de militares contra quienes existan evidencias creíbles de abusos”, precisa.

“De lo contrario, se reforzaría el mensaje de que en Colombia los oficiales no deben rinden cuentas por sus crímenes”.

En el comunicado emitido en Nueva York, Human Rights Watch, hace las siguientes precisiones:

En el informe “el rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”, de junio de 2015, Human Rights Watch presentó evidencias convincentes que sugieren que numerosos oficiales del Ejército, incluidos algunos que han sido postulados para ascensos, podrían tener responsabilidad penal por casos de falsos positivos. Además de los oficiales mencionados en el informe, Human Rights Watch ha examinado las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales iniciadas por la Fiscalía General de la Nación hasta diciembre de 2014 y ha advertido que brigadas comandadas por varios de los oficiales que se prevé ascender participaron en un número significativo de homicidios.

Los patrones en los casos de “falsos positivos” —incluido su carácter sistemático y las circunstancias implausibles de muchas de las supuestas muertes en combate— sugieren de manera clara que los comandantes de unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de asesinatos sabían, o al menos deberían haber sabido, sobre las ejecuciones ilegales y, por lo tanto, podrían ser penalmente responsables.

Los miembros del ejército que serían ascendidos y contra quienes existen evidencias plausibles de responsabilidad penal por “falsos positivos” son los brigadieres generales Emiro José Barrios Jiménez y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, quienes serían ascendidos al grado de mayor general, y los coroneles Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez y Adolfo León Hernández Martínez, quienes serían ascendidos a brigadier general.

El brigadier general Barrios Jiménez, quien se encuentra bajo investigación penal, estuvo al mando de la Octava Brigada del Ejército cuando esta presuntamente participó en al menos 19 ejecuciones extrajudiciales. En octubre de 2015, la Fiscalía General de la Nación lo citó a interrogatorio—uno de los primeros pasos del procedimiento penal en el derecho colombiano— por su rol en estas ejecuciones.

El coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo estuvo al frente del Batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y julio de 2008. La Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados del Batallón Magdalena bajo su mando.

Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su vasta mayoría soldados y suboficiales. Por el contrario, las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano. En lugar de ello, han ascendido de rango a muchos militares presuntamente implicados en “falsos positivos”, y han permitido que varios ocupen altos cargos dentro de la Fuerza Pública colombiana. Dos de las nueve divisiones del Ejército colombiano actualmente están al mando de militares posiblemente implicados en “falsos positivos” que obtendrían rangos de mayor jerarquía en la actual ronda de ascensos. A su vez, el actual comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Juan Pablo Rodríguez Barragán, sigue bajo investigación por su presunto rol en casos de falsos positivos. Bajo su mando, la Cuarta Brigada del Ejército habría ejecutado extrajudicialmente a al menos 28 personas.

“Cada uno de estos militares goza de presunción de inocencia hasta tanto la justicia demuestre que son culpables”, señaló Vivanco. “Sin embargo, considerando la gravedad de los casos de ‘falsos positivos’ y las evidencias en contra de estos militares, ascenderlos antes de que concluyan los procesos penales transmitiría el mensaje de que las autoridades colombianas no tienen un compromiso serio de garantizar que haya justicia por estos aberrantes delitos”.

Generales y coroneles posiblemente implicados en asesinatos y que serían ascendidos

Existen evidencias creíbles de que al menos cinco de los 18 miembros del Ejército que el Ministerio de Defensa prevé ascender podrían ser penalmente responsables por casos de “falsos positivos”:

El brigadier general Emiro José Barrios Jiménez, que actualmente está al mando de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, sería ascendido a mayor general. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente el rol de Barrios Jiménez en “falsos positivos” durante su comandancia de la Octava Brigada del Ejército, al menos durante parte de 2007, 2008 y 2009. La Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados de la Octava Brigada en 2008. Barrios Jiménez fue citado a interrogatorio –uno de los primeros pasos del procedimiento penal colombiano– en octubre de 2015.

El brigadier general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, quien está actualmente al mando de la Primera División del Ejército y sería ascendido a mayor general, fue el segundo comandante de Barrios Jiménez en la Octava Brigada durante al menos parte de 2008. Navarrete Jadeth se encuentra bajo investigación penal por homicidios cometidos por la Octava Brigada, así como por su presunta cooperación con grupos paramilitares. Human Rights Watch examinó un documento que él y Barrios Jiménez firmaron en marzo de 2008, en el cual certificaban el pago de 2 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 1.000) a un informante por “la muerte en combate de dos terroristas”. Según expedientes judiciales a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch, la Fiscalía concluyó que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados en una ciudad cercana y luego fueron ejecutados extrajudicialmente.

El coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, que podría ser ascendido al rango de brigadier general, comandó el Batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y julio de 2008. La Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados del Batallón Magdalena bajo su mando.
El coronel Edgar Alberto Rodríguez Sánchez precedió a Pinto Lizarazo como comandante del Batallón Magdalena entre julio de 2006 y diciembre de 2007, y podría ser ascendido a brigadier general. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones sobre al menos 22 muertes presuntamente perpetradas bajo su mando. En agosto de 2012, un tribunal en Antioquia condenó a un soldado del Batallón Magdalena por el asesinato de un agricultor ocurrido en noviembre de 2007.

El coronel Adolfo León Hernández Martínez, que podría ser ascendido al rango de brigadier general, estuvo al frente del batallón Popa de la Décima Brigada al menos entre enero de 2008 y 2009. En julio de 2011, un tribunal de Valledupar condenó a cinco miembros del Batallón Popa, incluido un sargento, por asesinar un civil en marzo de 2008 y reportarlo como un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En octubre de 2013, el mismo tribunal condenó a cinco miembros del Batallón Popa por haber asesinado a dos civiles en el municipio de Pueblo Bello, en junio de 2008, e informarlos como “N.N.” muertos en combate.